La plaza de la Independencia, mejor conocida como la plaza Catedral, en el corregimiento de San Felipe, fue el escenario para que un grupo de ciudadanos protagonizara una lucha por objetivos totalmente opuestos.
Desde tempranas horas de la mañana de ayer, al menos, unas 100 personas se concentraron en ese lugar, algunas para mostrar su apoyo y otras para expresar su rechazo a que se apruebe un permiso de ocupación a la promotora Urbe Desarrollo y Construcción, responsable de la edificación del P.H. Scala, ubicado en el corregimiento de Bella Vista.
Se trata de un proyecto que ha enfrentado denuncias comunitarias, suspensión temporal de obras y finalmente una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que anula las dos resoluciones de estudios de impacto ambiental aprobadas para la construcción del inmueble de 20 pisos.
Era de conocimiento público que en la sesión del Consejo Municipal de Panamá de ayer se discutiría una resolución en la que se pide a la Dirección de Obras y Construcciones evaluar si puede o no dar el permiso de ocupación para el edificio Scala.
El tema fue lo suficientemente poderoso para que los involucrados se acercaran a la plaza, llevaran sus pancartas y gritaran consignas.
Ligia Brown, quien asistió a la manifestación, contó que es una de las 60 personas que compraron en el P.H. Scala, un edificio que fue vendido entre 2012 y 2013 como céntrico con área social, garita de seguridad, piscina y gimnasio, entre otras facilidades.
Brown comentó que desde hace dos años espera para poder habitar su apartamento, sin embargo, los “intereses políticos” no se lo han permitido, lo que dice, le ha generado gastos adicionales en alquileres.
Datos de la promotora apuntan a que cada una de estas familias realizó un abono inicial de aproximadamente 16 mil dólares, que comprende el 10% de un apartamento de 95 metros cuadrados.
“No queremos que nos perjudiquen más, lo único que pedimos es que nos dejen entrar a nuestro hogar”, afirmó.
Junto con Brown había otras personas con pancartas en mano, en las que se podían leer mensajes como “Queremos nuestro hogar”, “No podemos esperar más”.
A pocos metros de donde estaba Brown, y el resto de los compradores del P.H. Scala, había otro grupo de vecinos residentes de El Carmen y de los miembros de la Red Ciudadana Urbana, que exigen la demolición del edificio.
Entre esas personas estaba Nair González, quien lleva más de 50 años de residir en El Carmen, y ahora vive a una calle de donde fue construido el inmueble.
González recuerda que las dificultades sobre esta construcción se iniciaron desde antes que se colocara la primera piedra de la obra.
“Los residentes siempre nos opusimos” y demandamos el proyecto por una serie de irregularidades, dijo.
Citó como ejemplo el “dudoso” cambio de zonificación que se hizo en ese lote específico, la falta de consultas ciudadanas y las deficiencias en el estudio de impacto ambiental.
“Estamos exigiendo que se cumpla con el fallo de la Corte, y lo que corresponde es demoler el edificio”, sostuvo.
Al unísono, los manifestantes pedían a las autoridades alcaldicias poner orden, evitar los cambios de zonificación y obligar a los promotores y constructores de proyectos a cumplir con las normas urbanísticas.
La situación originó que el alcalde José Isabel Blandón; Abdiel Sandoya, presidente del Concejo, y Ricardo Domínguez, representante de Bella Vista, salieran a conversar con los quejosos.
Las autoridades locales anunciaron que la discusión del tema en el pleno del Concejo fue suspendida. En su lugar, convocaron a todas las partes a una reunión el próximo lunes, 19 de septiembre, para abordar el tema.
Sobre esta situación, Antonio Docabo, director de Obras y Construcciones, manifestó que está en espera de que la Procuraduría de la Administración responda a una nota que envió la semana pasada a ese despacho.
“Vamos a esperar a que se pronuncie el procurador Rigoberto González, y con base en lo que responda actuaremos”, manifestó Docabo.