Un tribunal de El Cairo aceptó la petición de un juez de instrucción que ordenó ayer congelar los bienes de cinco conocidos defensores de los derechos humanos y de tres oenegés, informó un responsable del tribunal.
Esta decisión judicial atiza los temores de que haya una nueva ola represiva contra la sociedad civil en el país y se produce en el marco de una investigación sobre el financiamiento exterior a organizaciones de la sociedad civil, abierta en 2011 tras las revueltas que depusieron a Hosni Mubarak.
Para esa fecha, el caso desató una crisis diplomática entre Estados Unidos y El Cairo.
Varias asociaciones que defienden los derechos humanos han criticado la decisión y la organización Amnistía Internacional denunció“un vergonzoso intento de silenciar el activismo por los derechos humanos”.
El funcionario precisó a la agencia AFP que entre los afectados está el periodista Hosam Bahgat, fundador de la oenegé Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, y el abogado Gamal Eid, que dirige la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos.
La justicia también congeló los activos de Bahey el Din Hasan, director del Instituto de El Cairo para los Estudios sobre Derechos Humanos; de Mustafá al Hasan, director del centro jurídico Hisham Mubarak; y de Abdel Hafiz Tayel, director del Centro Egipcio para el Derecho a la Educación.
El abogado de Bahgat, Taher Abu al Nasr, confirmó la decisión de la justicia egipcia en contra de las finanzas de estas organizaciones no gubernamentales y denunció la voluntad de “obstaculizar el trabajo de la sociedad civil”.
Las oenegés acusan al presidente egipcio Abdel Fatah Al Sisi de dirigir un régimen autoritario y represivo desde que derrocó en 2013 a su predecesor islamista, Mohamed Mursi, quien fue elegido democráticamente y en mayo de 2015 fue condenado a muerte, pena que aún no está en firme.