El Congreso de Colombia abrió ayer una investigación sobre la relación del presidente Juan Manuel Santos con el escándalo de sobornos de Odebrecht tras el indicio de la Fiscalía de que el presidente habría recibido 1 millón de euros para la campaña de su reelección en 2014. A petición de un senador opositor, la comisión de acusaciones de la cámara de representantes inició el trámite para investigar si el mandatario recibió sobornos provenientes de la constructora brasileña.
Esta comisión, conformada por 15 diputados proporcionales a las mayorías del Congreso —donde Santos tienen mayoría— es el único organismo con capacidad de juzgar a un presidente. En el pasado no ha alcanzado a formular acusación contra ningún mandatario.
En caso de que este equipo sí lograra formalizar una acusación contra Santos por la supuesta irregularidad en la financiación de su campaña y el Congreso en plenaria la aprobara, el Senado votaría si destituye o no al presidente.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad colombiana en materia de elecciones, inició el pasado 2 de febrero una investigación sobre la financiación de la campaña de Santos de 2014, cuando obtuvo su segundo mandato.
La Fiscalía había anunciado la víspera que el dinero que presuntamente recibió el equipo de Santos era una parte de los 4.6 millones de dólares que el exsenador encarcelado Otto Bula habría aceptado de Odebrecht.
Pero ayer, más temprano, el propio Bula negó que los recursos fueran para la candidatura del mandatario.
REUNIÓN EN BRASILIA
En tanto, fiscales generales de 15 países se reunirán entre hoy y el viernes en Brasilia para coordinar las investigaciones de la red de sobornos de Odebrecht.
La inusual cumbre será liderada por el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, quien convocó a sus pares tras recibir numerosos pedidos de información de un caso con ramificaciones en tres continentes.
El esquema montado para sobornar a funcionarios a cambio de conseguir obras y hasta medidas parlamentarias para beneficarla le valieron a Odebrecht y a su filial petroquímica Braskem una multa de 4 mil 500 millones de dólares, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.