El Senado de Colombia aprobó la noche del lunes el sistema de justicia pactado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para superar medio siglo de guerra interna en Colombia, que en esencia prioriza verdad y reparación a las víctimas sobre las penas de cárcel a los victimarios.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que integra el sistema integral de justicia previsto en el acuerdo de paz sellado en noviembre, fue ideado para juzgar a guerrilleros que se suscriban y dejen las armas, y a agentes estatales que hayan cometido delitos “en el contexto y en razón” del conflicto armado.
También son de su competencia los civiles que sin formar parte de algún grupo armado tuvieran “una participación activa o determinante” en la comisión de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra.
A este sistema de justicia se pueden acoger los 6 mil 900 combatientes de las FARC, además de sus cerca de 8 mil milicianos o colaboradores.
También los casi 7 mil miembros de la fuerza pública con procesos abiertos y un número indeterminado de civiles.
Todos los guerrilleros y milicianos serán amnistiados por la comisión de delitos políticos o conexos, como rebelión, porte ilegal de armas o uso privativo de uniformes militares, entre otros. Pero son delitos no amnistiables los crímenes de lesa humanidad, como ataques sitemáticos o generalizados contra la población civil.