El Consejo de Gabinete atribuyó ayer a un partido político que no identificó, una protesta efectuada frente al edificio en el que reside el presidente Juan Carlos Varela, realizada el pasado 9 de enero, en el marco de una actividad ciudadana convocada para manifestarse en contra de la corrupción.
El pronunciamiento del Gabinete, efectuado desde la provincia de Veraguas, asegura que la protesta la llevó a cabo un “grupo reducido de personas” de un partido “cuyos dirigentes están señalados por corrupción, arrestados en el extranjero y prófugos de la justicia”.
Señala el texto que se movilizó “una turba” al sitio donde reside Varela y que se arengaron “consignas irrespetuosas”, alterando el orden público, por lo que instaron a los medios de comunicación y a la sociedad a “condenar” estos actos.
Advirtió el equipo de gobierno que es la segunda vez que “grupos políticos” se presentan al lugar “a buscar provocación y una reacción de los estamentos de seguridad”. “No descartamos que el dinero de la corrupción esté sirviendo para financiar estas turbas”, dice el comunicado que fue leído por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
El Gabinete rechazó lo que calificó como un “acto planificado” y anunció que evalúa “tomar medidas” contra los que participaron.
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), dijo que la decisión de aplicar medidas contra el grupo, incitados o no y aunque hayan sido irrespetuosos, atenta contra el derecho ciudadano. Sobre los calificativos emitidos contra Varela, alegó que hay un ambiento tóxico y de desconfianza en el que a todos se les tilda de corruptos.