Panamá empezó su transición a la democracia cuando fue derrocado el régimen autoritario a través de la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989.
Teóricamente, ese habría sido el momento para encarar al elefante constituyente, pero casi 30 años después todavía estamos pensando cómo comerlo. La pregunta obvia es, ¿por qué? Ha sido así porque en todo este tiempo no ha habido un “actor político movilizador” con nuevos intereses y con un proyecto de país distinto. Un nuevo actor capaz de irrumpir en la comunidad política y modificar ventajosamente su correlación de fuerzas.
Ese hipotético nuevo actor sería quien realmente necesitaría o, mejor dicho, forzaría la adopción de una nueva Constitución que enmarque favorablemente su proyecto político. La ausencia de ese nuevo actor, que promueva efectivamente una nueva Constitución, es lo que llanamente la opinión pública panameña detecta y llama “falta de liderazgo”, pero es más complejo que eso. Los sociólogos panameños han documentado que el gran actor hegemónico del régimen autoritario militar panameño fue la élite comercial financiera, que paradójicamente fue la misma que luego encabezó las protestas contra los militares –por eso se protestaba desde al área bancaria a finales de la década de los 80- y que es precisamente la que hoy encabeza el régimen democrático. Si los que mandan son los mismos, ¿por qué necesitarían una nueva Constitución? Para los intereses de esa élite eran importantes dos modificaciones constitucionales después de la invasión: la que consiguiera la salida definitiva de los militares de la comunidad política, que habían sido sus aliados y luego una presencia muy incómoda, y la que consolidara el proyecto de país transitista en el que está basado su poder.
Ambos fueron conseguidos con el acto constitucional de 1994, a través de la proscripción del ejército y de la creación del título del Canal. La democratización panameña no introdujo a la comunidad política nuevos actores, como se supone debía ser, sino que, contradictoriamente, contrajo la comunidad política. Es decir, en lugar de entrar, salieron actores. No solo salieron los militares, que obviamente debían salir, sino que también, por ejemplo, salieron los obreros cuando se reformó el Código de Trabajo a mediados del año 1995.
La ciudadanía panameña se ha creído que para construir un mejor país debe haber una nueva Constitución, pero de todo lo antes dicho se infiere que la secuencia es distinta: primero debe haber un nuevo proyecto de país y su actor promotor instalado en el poder, y sería desde allí que este demandaría y promovería una nueva Constitución. Entonces cabe preguntarse: la posible nueva Constitución hoy promovida desde el Órgano Ejecutivo, ¿es propuesta por un actor político con un nuevo proyecto de país?
El autor es politólogo