Frente a un gobierno inflexible, los opositores a la reforma laboral francesa no ceden, con nuevas huelgas y manifestaciones ayer y en un clima cargado por la violencia contra la policía.
El primer ministro socialista Manuel Valls reclamó“sanciones implacables” contra los manifestantes violentos que incendiaron un coche de policía en París el miércoles, y presionó a los sindicatos, llamados a “cuestionarse la pertinencia” de algunas de las manifestaciones.
El jefe de gobierno dijo estar dispuesto a eliminar por la fuerza los bloqueos de puertos, refinerías y aeropuertos, teniendo como objetivo no recibir a los principales dirigentes sindicales para poner fin al movimiento, que encadena una violencia in crescendo desde marzo.
“Si no hubiera habido el proyecto de ley, no habrían existido las manifestaciones ni los episodios de violencia”, replicó Jean-Claude Mailly, número uno del sindicato contestatario Fuerza Obrera, y otros sindicatos de trabajadores y estudiantes continúan reclamando la “retirada” del proyecto de ley, que consideran muy liberal.
El presidente François Hollande descartó el martes renunciar a esta reforma, aprobada por la fuerza la semana pasada en el Parlamento a falta de una mayoría.
Desde el comienzo del movimiento, cerca de 1,400 personas fueron detenidas y más de 800 están en detención provisional.
Según las autoridades, 19 personas de extrema izquierda fueron detenidas de nuevo este jueves en Rennes (oeste) por delitos de degradación de bienes públicos.
En París, la policía volvió a emitir la prohibición de manifestación antes de una marcha prevista por la tarde bajo una gran tensión.
Cinco sospechosos, tres de los cuales tenían prohibido manifestarse, estaban en detención provisional en la capital al día siguiente del ataque a un coche de policía en el que se encontraban dos agentes, que consiguieron salir in extremis del vehículo incendiado por manifestantes violentos.