El diputado oficialista Melitón Arrocha se contradice en lo que respecta al anteproyecto de ley que pretende establecer en el país “el derecho al olvido”. Una cosa es lo que él ha venido diciendo hace dos días sobre el contenido de la iniciativa, y otra lo que realmente expresa el texto original que presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el 18 de este mes.
En sus declaraciones, Arrocha asegura que su iniciativa busca regular temas como el bullying entre los jóvenes y que llenaría el vacío que hay en las redes sociales, que según él no tienen mecanismos para retirar o mandar al olvido información que podría afectar la intimidad de un ciudadano.
Además, sostiene que en el anteproyecto se excluye de ese derecho al olvido todo lo relacionado con políticos, temas de gobierno y figuras públicas.
No obstante, el anteproyecto –de 10 artículos– no hace referencia a estos aspectos, y en lo que se refiere a informaciones de “interés público”, que según él no estarían sujetas al derecho al olvido, el documento no es del todo claro.
NO HABLA DE ‘BULLYING’
El artículo 1 del anteproyecto dice: “la presente ley tiene por objeto regular el llamado derecho al olvido, a través del cual los usuarios del internet están facultados para exigir la eliminación o limitar el acceso a las publicaciones personales que estén contenidas en la estructura del internet y sean susceptibles de menoscabar el derecho a la intimidad, al honor y la imagen”.
El numeral 2 del artículo 2 se refiere a las “publicaciones personales” y precisa que estas “comprenden aquellos contenidos multimedias que refieran a personas tanto físicas como jurídicas, subidos a internet por el mismo afectado o por terceros; tanto datos, información, dibujos, imágenes, videos, archivos, de audio, animaciones, entre otros”.
Ninguno de estos artículos explica que la información que sería objeto de olvido guarda relación con pornografía, actos libidinosos, bullying y otros contenidos, como intenta justificarlo Arrocha.
El diputado afirma que el anteproyecto de ley, además de atender las necesidades cotidianas de los ciudadanos, que hoy son objeto de calumnias e injuria, también incluiría en el derecho al olvido los casos de “aquel muchacho que está sufriendo de bullying...”.
Consultado por este diario sobre esta contradicción, Arrocha indicó: “el proyecto no va encaminado a especificar ningún aspecto en particular, sino todas las conductas que pueden estar incluidas dentro de las definiciones, dentro de las cuales se aplicaría al bullying, el derecho a la intimidad. No lo tiene explícito [lo de bullying], pero yo creo que cuando usted lo lee se puede entender efectivamente que no está explícito, pero no es que no quede cubierto”.
“Tal vez, a lo mejor, esos son los aportes que pueden hacer otras personas. Lo que yo intento hacer es una propuesta de debate, que irá a un primer debate. No está escrita en piedra”, agregó.
Asegura que la propuesta busca “atender las necesidades cotidianas de los ciudadanos, que son objeto de calumnia” en la redes sociales.
INTERÉS PÚBLICO SIN CLARIDAD
En cuanto a la exclusión de los temas de interés público de la propuesta de derecho al olvido, Arrocha reconoce que no está claramente establecido en el artículo 4 del anteproyecto.
“Tal vez, la frase de “interés público” no está cubierta por el anteproyecto (...) requiere de más trabajo, de mayor ampliación. Con respecto al resto del proyecto, yo creo que es perfectible (...) va encaminado en la dirección correcta”, agregó.
El artículo 4 del anteproyecto señala que pueden solicitar derecho al olvido “toda persona natural o jurídica que sufra un perjuicio irreparable e inminente, debido a una publicación actual y que no sea de interés público...”.
El numeral 3 de dicho artículo precisa que para que exista perjuicio irreparable deberá conjugarse el siguiente elemento: “que no haya un interés público predominante respecto a la publicidad de dicho contenido”.
MECANISMOS PARA BORRAR INFORMACIÓN
Arrocha argumenta que el anteproyecto surge porque no existen “mecanismos” en las redes sociales que permitan eliminar informaciones que perjudican a los usuarios.
“No contamos con herramientas y mecanismos para que se retire información (...) a diferencia de los medios tradicionales, Facebook (...) eso queda ahí para toda la vida”, indicó el diputado.
Pero los señalamientos de Arrocha en este aspecto no son correctos, pues las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, entre otras, permiten eliminar y bloquear de sus plataformas, y reportar al proveedor lo que sucede cuando se dan casos que atenten contra la seguridad o se vulnera la intimidad (ver ilustración de cómo reportar los abusos en las redes sociales).
En cuanto a la seguridad, Facebook, señala, por ejemplo: “Te ayudamos a estar seguro: en los casos en los que creemos que existe riesgo real de daños físicos o amenazas directas a la seguridad pública, eliminamos el contenido, inhabilitamos las cuentas y colaboramos con las autoridades locales”.
Inclusive, Twitter pide especificar si el tuit que reportará es “abusivo o perjudicial, si incluye acoso selectivo o es una amenaza con violencia o daño físico”.
PROPUESTA ES UNA ‘GUILLOTINA’
Para el jurista y catedrático Miguel Antonio Bernal, el diputado oficialista Arrocha debe retirar el documento que presentó ante la Asamblea Nacional.
“Yo creo que el señor Melitón ha querido guillotinarnos en todo sentido y yo confío que habrá una reacción ciudadana en contra de esta imbecilidad. Este proyecto jamás debió ser presentado”, sostuvo.
A su juicio, es una “nefasta concepción en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Agregó que es un “descarado atentado contra el derecho que nos asiste a todos los seres humanos de conservar la memoria individual, colectiva como histórica”.
Además de las críticas de Bernal, gremios periodísticos como el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información, así como expertos en el tema, han señalado que el anteproyecto viola abiertamente la libertad de expresión.
El Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información señalaron que el anteproyecto de Arrocha “viola flagrantemente preceptos consagrados en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, pues implica una censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre contenidos de internet”.
Catalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también dijo que la propuesta “vulnera abiertamente el derecho a la libertad de expresión, y que de aceptarse el derecho al olvido digital, “la afectación para el funcionamiento de internet sería completamente desproporcionada”.
NO RETIRA PROPUESTA
Arrocha aseguró que no ha pensado en retirar el anteproyecto y cree que debe ser un tema a debatir en la Asamblea Nacional.
“A mí me quedan claro varias cosas: el diario La Prensa, el Consejo Nacional de Periodistas y el Fórum han planteado observaciones, algunas se explican en el anteproyecto y algunas otras reflejan unos temores que vale la pena resolver, que efectivamente no haya margen a la interpretación y que en consecuencia requieren mucho más texto, más trabajo, encaminados a afinar particularmente que ese bien tan preciado como lo es la libertad de expresión no pueda ser mal utilizada por esta y por la futura [administración] e incluso por gobiernos que nosotros en estos momentos no vamos a saber con qué corte van a venir”, manifestó.
“Es un tema que se tiene que atender. El núcleo central del anteproyecto es el abuso que en ocasiones se le comete a los ciudadanos en las redes sociales”, agregó.
COMISIÓN DE TRANSPORTE DEBATIRÁ PROPUESTA
El anteproyecto quedó asignado a la comisión de Transporte, cuyo presidente en este período legislativo será el diputado de Cambio Democrático Héctor Valdés Carrasquilla.
Según el reglamento legislativo, la propuesta debe ser prohijada por la mayoría de los miembros de la comisión para que quede abierta a un primer debate, en el que se tiene que consultar la propuesta con todos los sectores afectados por el contenido de la iniciativa.