El contralor de la República, Federico Humbert, interpuso ayer una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, por impedir que se realizara la auditoría a la planilla 080 del Legislativo.
En su acción penal, Humbert acusa a Ábrego de la supuesta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la Contraloría, al impedir la diligencia el pasado 15 de mayo. Ese mismo día, Ábrego interpuso un amparo de garantías contra la auditoría de la Contraloría.
La denuncia del contralor señala que la diputada “causó un grave perjuicio a la Contraloría” al impedir que sus auditores cumplieran con la función constitucional de realizar investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de operaciones que afecten al patrimonio público.
Ábrego a respondió que la acción del contralor es parte dela misma estrategia del Ejecutivo para “presionar” al Legislativo.
Contraloría: Ábrego se extralimitó en sus funciones
La Contraloría General de la República asegura que la resolución del 15 de mayo pasado, mediante la cual se ordenó la auditoría a la planilla 080 de la Asamblea Nacional, “era de mero obedecimiento” y no requería de notificación a la diputada presidenta Yanibel Ábrego.
Así lo señaló el contralor Federico Humbert, en una denuncia penal que interpuso ayer contra Ábrego por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, por impedir que se efectuara la auditoría a la citada planilla.
El pasado miércoles, un grupo de funcionarios de la Contraloría, acompañados por la directora nacional de Investigación y Auditoría Forense, Lastenia Domingo, acudió a la Asamblea para notificar a Ábrego de la decisión adoptada por Humbert. No obstante, la diputada manifestó que no recibiría la resolución, ya que -según su criterio- se requería de una “autorización” de la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, la diligencia no pudo llevarse a cabo.
Posteriormente se conoció que ese mismo día, Ábrego interpuso un amparo de garantías constitucionales ante la Corte, contra la resolución que ordenó la auditoría.
De acuerdo con la acción penal que presentó Humbert, Ábrego violó el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que ordena a los servidores públicos cooperar con lo que esta entidad solicite para el cumplimiento de sus atribuciones.
También la acusa de infringir el artículo 18 de la Constitución, que señala que los servidores públicos solo son responsables ante las autoridades por infracción a la carta magna o de la ley, así como también son responsables por extralimitación de funciones u omisión de estas.
Señala la denuncia que “no existe ninguna razón o fundamento jurídico que ampare la negativa” de Ábrego a colaborar con la auditoría, cuyo fin era determinar la corrección o incorrección en el manejo de recursos asignados al financiamiento del objeto de gastos denominados “gratificaciones, incentivos y otros servicios personales” de la planilla 080 de la Asamblea.
Ábrego respondió que la denuncia penal del contralor “es parte de la misma estrategia del Órgano Ejecutivo de presionar al Legislativo”.
Piden cumplir ley
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) emplazó a la Asamblea a que “obedezca la ley y rinda cuentas ante la Contraloría”, y publique toda su ejecución de fondos públicos, según manda la Ley de Transparencia.
La organización remarcó que la Asamblea tiene que rendir cuentas sobre el uso de este dinero y pidió al Ejecutivo “que no dedique más fondos discrecionales para el manejo de diputados”.