La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra ante el incremento de las bonificaciones por retiro en la Universidad de Panamá (UP), toda vez que el Contralor General de la República, Federico Humbert, advirtió que lo demandará.
El encarecido bono para los académicos que se retiren a los 75 años implicaría $2.5 millones, “que no son merecidos” en una universidad con tantas necesidades, dijo Humbert. La Contraloría recibió la transferencia del fondos de autogestión.
“Este incremento es incorrecto, es ilegal, es inmoral y es una gran sinvergüenzura, que un grupo de personas esté tratando de producir un bono de la universidad para beneficiarse a ellos mismos; más en momentos en que todos sabemos que habrá un cambio de las autoridades universitarias en menos de dos meses”, recalcó.
Uno de los beneficiados por este acuerdo que aumentó entre 6 a 15 meses el bono de salario a los profesores con más de 10 años de servicio es el rector de la UP, Gustavo García de Paredes, quien dejará su cargo con 78 años de edad.
“Al final del camino, si es por la Contraloría ese pago no se va a ejecutar, porque haremos todo lo que esté en nuestras manos para suspenderlo”, acotó.
Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, indicó que no podría adelantar juicios de valor porque si lo pactado es demandado le tocaría pronunciarse, no obstante, calificó de “lamentable” que en las instituciones estatales se emitan normas que comprometan a nuevas autoridades.
Por segundo día consecutivo, García de Paredes no contestó las preguntas a su correo ni su celular.