UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI

Contratistas, red de negocios

Contratistas, red de negocios
Luis Enrique Martinelli Linares


Si algo quedó claro en las indagatorias que rindió en febrero y marzo pasado Evelyn Vargas –abogada de Importadora Ricamar, razón social del Súper 99– es la intimidad de ciertas empresas contratistas del Estado con la familia y con el propio expresidente Ricardo Martinelli.

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El exgobernante dio un paso más adelante cuando esparció socios y empleados de sus empresas por todo el gobierno, facilitando una red de contactos que sirvió a sus propósitos y apetitos.

Evelyn Vargas cumple en 2017 ocho años en Importadora Ricamar, donde reemplazó a Giselle Brea, a quien Martinelli nombró en la Junta de Control de Juegos. Comenzó por reemplazar a Brea en decenas de sociedades, con las que los Martinelli hacían negocios y consolidaban sus bienes.

La abogada empezó a delatar a sus antiguos jefes, entre ellos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente, investigados en Suiza por lavado de dinero, caso por el que Vargas fue indagada en Panamá.

CONCESIÓN EN TOCUMEN

Vargas creó decenas de sociedades por encargo para la familia, razón por la que conoció parte de las actividades económicas del grupo.

Cita, por ejemplo, una sociedad de Luis Enrique Martinelli, llamada Roma Development Corp., que “se utilizó para solicitar una concesión de un local en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en el local se abrió la tienda Nautiblue”. Es así como los hijos del expresidente hacían negocios con el Estado.

VÍNCULOS CON OCHY

Luis Enrique Martinelli también pidió crear la sociedad Yellow Wing, a fin de solicitar una concesión –relató Vargas–“de un lote para la construcción de un hangar” en el aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, “que al final la terminó construyendo TCT, del señor David Ochy”, explicó Vargas.

Transcaribe Trading (TCT) fue de las principales contratistas del gobierno de Martinelli. Centenas de millones de dólares le fueron adjudicados en obras, entre ellas, la ampliación de la vía Panamá-Arraiján y sobre la que hay sospechas de sobrecostos. Según Vargas, esta sociedad es titular de dos hangares: uno de Ochy y el otro de “la familia Martinelli”.

"Sé que el señor David Ochy mantiene su avión en ese hangar y en el hangar de los Martinelli no mantiene nada adentro; ellos [los Martinelli] construyeron ese hangar con la finalidad de estacionar allí un avión que iban a comprar", relató.

“Luis Enrique Martinelli nos dijo... que el avión [que iban a comprar] era más grande que el que ellos tenían, pero al final no se llegó a comprar”, añadió.

Lo que sí adquirieron fue el helicóptero incautado en México, cuyo pago el expresidente aún no ha explicado por qué salió de sociedades de Cristóbal Salerno –investigado por delitos de corrupción a través de una empresa que prestaba servicios al Estado en el gobierno de Martinelli: Cobranzas del Istmo, S.A., y quien ha admitido haberle pagado coimas al exgobernante–, o por su primo Francisco Martinelli, quien recibió millonarios pagos de un subcontratista de la línea 1 del Metro de Panamá, obra que construyó un consorcio liderado por Odebrecht.

La fiscalía preguntó a Vargas qué relación tenía Luis Enrique Martinelli con David Ochy. Vargas dijo que la desconocía, “pero Luis Enrique Martinelli nos llegó a manifestar que esto [lo del hangar en Albrook] se estaba realizando por instrucciones de su padre, Ricardo Martinelli Berrocal”.

Los negocios con TCT también abarcaron la compra del grupo Epasa –dueña de medios escritos–, según una denuncia del abogado Jaime Abad.

TCT, individualmente y de forma colectiva, con personas y sociedades vinculadas al expresidente, aportó parte de 13.2 millones de dólares para pagar la deuda del grupo editorial que, según la denuncia, ascendía a 22.8 millones de dólares.

Justamente, Vargas abordó este tema en la indagatoria. Relató que la hermana de David Ochy, Dina Ochy, le pidió reunirse con ella en sus oficinas de vía España.

“Cuando llegamos... ella [Dina Ochy] nos preguntó si nosotros teníamos conocimiento de algo relacionado con la compra de Epasa, y nosotros le informamos que no teníamos nada relacionado con ese tema –indicó–; le preguntamos el porqué, y ella nos informó que había estado reunida con su hermano... y que le había dicho que Ricardo Martinelli Berrocal llegó un día a donde su hermano David Ochy para que él le firmara un documento, el cual no se acordaba qué documento era, y él le pidió a su hermana Dina Ochy para que se comunicara con Tomás [Martinelli, compañero de trabajo de Vargas en Ricamar, S.A.] y mi persona para ver si nosotros podríamos averiguarle de qué documento se trataba y le íbamos a informar”.

Al llegar a la oficina, Vargas habló con Luis Enrique Martinelli sobre el asunto y este les pidió que hablaran con el abogado Carlos Carrillo, pero Vargas desconoce en qué quedó el tema.

La Prensa consultó a Carrillo sobre el tema, pero dijo: “No hago comentarios de mis consejos legales ni de operaciones que guarden relación con nuestro ejercicio profesional”.

Antes de irse de las oficinas de TCT, la hermana de David Ochy le propuso a Vargas alquilar el hangar que estaba en Albrook, en vista de que no se estaba usando, ya que los Martinelli no habían comprado el avión que estacionarían allí.

Justamente, Yellow Wings tiene con la Dirección Aeronáutica Civil una concesión de un hangar por 1.1 millones de dólares.

Contratistas, red de negocios
Luis Enrique Martinelli Linares

También se consultó a Carrillo sobre el hangar, pero insistió en que “no puedo contestar nada con relación a nuestro ejercicio profesional ni a actos de la defensa”.

La Prensa también llamó a TCT, que prometió responder las interrogantes de este medio, pero al cierre de esta edición, no lo había hecho.

OTRO HANGAR EN RÍO HATO

A unos kilómetros del desarrollo inmobiliario Casamar –propiedad de los Martinelli–, el pasado gobierno ordenó construir el aeropuerto de Río Hato, a un costo de más de 50 millones de dólares, adjudicado a Meco.

En ese aeropuerto –casi en desuso– la familia Martinelli tiene otro hangar, relató Vargas. Por instrucciones de Luis Enrique Martinelli –contó la abogada– ella y otro colega de Ricamar, S.A., se reunieron con personal de Meco, incluido un abogado de esta empresa –Alvis Casola [sic]–“a fin de apoyarlo para la solicitud de ese hangar en el aeropuerto de Río Hato”. La concesión del hangar la tramitó en 2014 el propio abogado de Meco, dijo Vargas.

La Prensa se puso en contacto con la empresa Meco, para localizar al abogado Alvis Casasola, pero el esfuerzo fue infructuoso.

DIRECTIVOS A LA CARTA 

En no pocos casos, las sociedades que creó Vargas se constituían con personal de las empresas Martinelli. Vargas contó a la fiscalía que Luis Enrique Martinelli le indicaba utilizar personal de la empresa, como en el caso de Yellow Wings, sociedad que constituyó para David Ochy y los Martinelli para la concesión del hangar en Albrook.

Vargas contó que esa sociedad es presidida por un empleado de Importadora Ricamar que trabaja en un departamento que ella no recordaba, pero de lo que está segura es que trabajaba “en el área del depósito y se escogió a esa persona porque Luis Enrique nos informó que la junta directiva fuese conformada por personas que laboran en la empresa”.

NEGOCIOS 'ELÉCTRICOS'

“Toda la oficina sabía que la familia Martinelli tenía una hidroeléctrica en Veraguas”. Así lo dijo Vargas a la fiscalía. “Hace más de un año en los periódicos locales comenzaron a salir noticias referentes a la hidroeléctrica y en ese entonces, Alejandro Garuz hijo [cuñado de Luis Enrique Martinelli] recuerdo que salió del país; también sé por los comentarios que se hablaban en la oficina, el señor Navin Batka [sic] también se había ido del país en razón de las noticias que salieron en ese momento...”.

Vargas se refería a las hidroeléctricas San Bartolo y Las Cruces, de Corporación de Energía del Istmo Ltd., cuyos accionistas son el expresidente Martinelli y dos de sus hijos, así como su socio, el empresario Navin Bhakta. Ambos proyectos se construirían a un costo de 45.5 millones de dólares.

La empresa de los Martinelli se ahorró millones de dólares en la construcción de una subestación eléctrica que debía construir esta con recursos propios. ¿Cómo lo logró? El exministro de Economía Frank De Lima y el exgerente de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica Fernando Marciscano presentaron el proyecto al gabinete de Martinelli, que no objetó aprobarlo, a un costo de 13.7 millones de dólares.

OTROS ABOGADOS

Vargas no era la única abogada que creaba sociedades para los Martinelli. Las que se constituían en el exterior utilizaron los servicios de Chanis y Asociados, de la que es socio Ricardo Chanis, quien firmó un contrato con el Estado a nombre de la sociedad Traffic Safety, para colocar cámaras de control de tráfico. Con ellas se podrían poner boletas a los infractores del reglamento de tránsito, de las que Traffic Safety obtendría el 65%.

Chanis también es socio del exclusivo desarrollo inmobiliario playero Casamar, de Ricardo Martinelli Linares, y tuvo un puesto en la directiva de la Caja de Ahorros en el gobierno pasado.

Otro bufete que mencionó Vargas que trabajó para los hermanos Martinelli fue el de Francisco Frankie Martinelli, primo del expresidente, que también tenía negocios en el Aeropuerto de Tocumen y que tramitó la apertura de cuentas bancarias en Panamá de sociedades controladas por Odebrecht.

BORRANDO EL PASADO

Semejante caudal de noticias sobre el expresidente y su parentela fue motivo para que el gerente de Epasa, Federico Brisky, llamara a Vargas para llevarle un contrato que sería suscrito entre una empresa argentina –de donde es oriundo Brisky– e Importadora Ricamar.

La “empresa [argentina] se dedicaba a limpiar la información negativa de personas en los buscadores de internet, como Google, Yahoo, etc. En el contrato se establecía que [el servicio] era para los señores Luis Enrique Martinelli Linares, Ricardo Alberto Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Berrocal”, reveló Vargas.

El contrato –añadió Vargas– lo firmó la esposa del expresidente, Marta Linares de Martinelli, por una suma que oscilaba entre los 9 mil y 11 mil dólares al mes.

(Con información de Ereida Prieto-Barreiro e Iván Barría).