El fiscal del Distrito Este de Virginia, Dana Boente, juró ayer como fiscal general interino después de que el presidente Donald Trump despidió a la principal abogada del Gobierno, Sally Yates, por desafiar a la Casa Blanca y negarse a defender las restricciones de viaje contra siete países de mayoría musulmana.
Se trató de un nuevo giro dramático en la tumultuosa puesta en marcha del decreto de Trump que impuso una moratoria de 120 días en el permiso de entrada de refugiados a Estados Unidos (EU), una prohibición indefinida a los refugiados procedentes de Siria y de 90 días a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Boente desempeñará la función hasta que el Senado apruebe al elegido por Trump para el cargo, el senador republicano Jeff Sessions. Boente dijo al diario The Washington Post que hará cumplir el decreto migratorio.
Al cuestionar la medida, Yates dijo el pasado lunes que el Departamento de Justicia no defendería en los tribunales el decreto de Trump, asegurando que no creía que fuera “consistente con la obligación solemne de esta institución de siempre buscar la justicia y defender lo correcto”.
Sobre el decreto, la Casa Blanca dijo que funcionarios clave del Gobierno fueron informados antes de que Trump firmara la orden el pasado viernes, pero hubo poca coordinación, resultando en una confusión.
La mayoría de funcionarios del Departamento de Estado se enteró de su contenido por los reportes de prensa y el pasado lunes circulaba en la institución un borrador de memorando contrario a la medida, asegurando que dañará la imagen de EU en el exterior y avivará el sentimiento antiestadounidense.