Inconstitucional, un nuevo golpe de Estado, fraude, usurpación de derechos. Los calificativos son directos y aluden expresamente a la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunciada el 1 de mayo por el presidente Nicolás Maduro y cuyo proceso fue puesto en marcha ayer, a pesar de la condena interna y de la comunidad internacional.
El excanciller y ministro de Educación, Elías Jaua, presidente de la comisión presidencial para la constituyente, informó que comenzó una agenda de reuniones. “En primer lugar con el Congreso de la Patria, [hoy] nos reuniremos con los representantes de los poderes públicos y, sucesivamente, con los representantes de las principales religiones”, manifestó en una entrevista con la estatal Venezolana de Televisión.
Jaua, quien defendió el llamado a la constituyente como un proceso democrático, popular y originario, indicó que también convocarán a los bloques parlamentarios de la Asamblea Nacional, a los rectores de universidades públicas y privadas, a los constituyentes de 1999, a asociaciones indígenas, a confederaciones sindicales, a gremios empresariales, a dueños de los medios de comunicación social, a las comunas, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil.
De hecho, la primera reunión tuvo lugar al final del día de ayer, en el Palacio de Miraflores, “con las 29 columnas del Congreso de la Patria”, encabezada por Maduro y Jaua.
El Congreso de la Patria, convocado a finales de enero de 2016, como un proceso de reflexión y reorganización desde las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tras la derrota en las legislativas de diciembre de 2015, fue definido por Maduro en ese momento como un método para activar las asambleas patrióticas constituyentes. “El congreso lo entendemos y lo asumimos como parte del amplio diálogo nacional… con el pueblo venezolano… diverso, sincero, crítico, plural y sobre todo propositivo vinculante con todas las acciones que estamos obligados a emprender, diálogo y encuentro para el reconocimiento, el compromiso y la acción…”, señala un documento que recoge un boletín del PSUV, disponible en su sitio web.
El 1 de mayo, en un acto por el Día del Trabajador, Maduro convocó a una constituyente originaria para redactar una nueva carta magna –la vigente es un legado de Chávez, de 1999– y precisó que la mitad de unos 500 constituyentes serían elegidos por la clase obrera, campesina e indígenas.
Al firmar el decreto que da vida a la ANC, Maduro convocó a los “sectores sociales” a hacerse presentes en un proceso que, aseguró, busca “enfrentar y encarar” la crisis que afronta el país, y “encausar una solución verdadera, democrática, libre y definitiva”.
La Asamblea Nacional no opina lo mismo y ayer emitió una “alerta internacional” en la que argumenta que esta convocatoria a una “Asamblea Constituyente Comunal”, que no está contemplada en la Constitución, busca derogar la actual y perpetuarse en el poder.
En el documento, surgido de la Comisión Permanente de Política Exterior, se afirma que Maduro busca imponer el llamado Estado socialista, que fue rechazado en el referendo de 2007, y consolidar el “golpe de Estado continuado que diera el Tribunal Supremo de Justicia [TSJ], para que a través del artículo 349 de la Constitución, hoy vigente, pero que se pretende dejar sin efecto, ‘ni el presidente de la República ni los poderes constituidos podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Con lo anterior, remarcan, estarían en capacidad de disolver los poderes públicos, específicamente a la Asamblea, que es “de las pocas reservas morales que aún luchan por la República, la democracia y la libertad de Venezuela”.
Para la mayoría opositora que dirige la Asamblea, el proceso en desarrollo es: anómalo, inconstitucional, antidemocrático y perverso.
La postura de la Asamblea es consistente con la expresada por abogados venezolanos como el constitucionalista José Vicente Haro, quien a través de su cuenta de Twitter indicó que la ANC convocada por Maduro “pretende terminar de hacer lo que ha hecho la Sala Constitucional del TSJ: Destruir la Constitución y la Asamblea”, y que Maduro “pretenderá imponer la reforma constitucional rechazada por el pueblo en 2007 y el plan de la patria”.
Frente a este llamado, advirtió Haro, el principal instrumento para legitimar la oposición y el rechazo a la “fraudulenta” constituyente es el artículo 350 de la Constitución”, que señala: “El pueblo (...), fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En términos similares se pronunció el abogado Juan Manuel Raffalli, quien apuntó: “Maduro tiene la iniciativa, pero la constituyente la convoca el pueblo mediante referéndum”, y que “la trampa está en el carácter sectorial y territorial” de la convocatoria. “Sería una constituyente de movimientos afectos a Maduro. Eso la hace fraudulenta”.
Raffalli advirtió que la ANC que propone Maduro es “supraconstitucional” y su objeto sería acabar con la democracia. “Eso es un golpe bajo, un fraude constitucional”, indicó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha pronunciado sobre la convocatoria. No obstante, el rector Luis Emilio Rendón, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, opinó sobre el tema en su cuenta de Twitter: “La facultad del Pdte para convocar a ANC no puede desatender los principios básicos del voto, como la universalidad (...), que es el derecho a votar de todos los venezolanos sin distinción de raza, sexo, creencias o condición social (art. 63 Constitución). Plantear métodos especiales para conformar ANC, no previstas en la ‘Constitución, impide el derecho al voto de los venezolanos a elegir a sus representantes. Elecciones corporativas cambian el sufragio, ejercicio directo de soberanía ciudadana, por grupos o gremios contrariando la carta magna. Ante la crisis que atraviesa nuestro país es ESENCIAL cumplir con la Constitución”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha solicitado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, divulgó un video en el que cuestiona la propuesta del mandatario venezolano y asegura que busca consolidar un régimen autoritario, desconociendo el proceso fijado en la Constitución.
“La propuesta anunciada es errada, inconstitucional y fraudulenta. La constitución de la constituyente solo con supuestos representantes sectoriales viola los principios fundamentales de igualdad política. Una AC convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo. Esta propuesta viola una vez más los más elementales principios reconocidos en las normas interamericanas que a todos nos rigen (...) la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, los derechos de elegidos y de electores, el respeto a la separación de poderes, el sufragio universal y secreto, el fortalecimiento de los partidos políticos, en suma, el respeto a los más elementales derechos de los ciudadanos”, manifestó Almagro.
Y añadió: “Una vez más (...) el Gobierno venezolano atenta contra el respeto a los más elementales principios que regulan el sistema democrático (...) y todo eso solo tiene un nombre en el derecho, un nuevo golpe de Estado promovido desde la presidencia del país”.
El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, dijo que Washington tiene profundas preocupaciones sobre las motivaciones de la ANC, y que el proceso “erosiona aún más” la democracia del país.
En declaraciones recogidas por la agencia AP, Fitzpatrick indicó que Estados Unidos se reserva la posibilidad de hablar con otros países para evaluar “sanciones coordinadas”, y considerar más sanciones individuales a miembros del Gobierno.
La canciller argentina, Susana Malcorra, también se refirió al tema en una entrevista con la televisora TN, que fue recogida en un comunicado. Aseguró que en el momento actual, la convocatoria es como “echar nafta al fuego”. “Pareciera que todo el mundo está doblando la apuesta y no está pensando que los que se mueren en la calle, sea cual sea su color político, son venezolanos”.
Para Malcorra es necesario ir a un esquema de elecciones en el que gane aquel que el pueblo decida.
Ayer se cumplió otra jornada de protestas fijada por la Mesa de la Unidad Democrática para exigir elecciones, liberación de presos políticos, canal humanitario, respeto a la Asamblea y, en rechazo a la constituyente.
Durante la jornada, en la que no faltó la represión a los manifestantes y choques con grupos que queman llantas y basura, se reportó un ataque contra un miembro de la Guardia Nacional, aunque la oposición se distanció del hecho, ya que ocurrió cuatro horas después de que concluyera la protesta del día.
Mientras, la Asamblea aprobó un acuerdo en rechazo de la ANC y exigió a los poderes constituidos abstenerse de avalar la iniciativa.