El empresario Jorge Espino, de la sociedad Conceptos y Espacios, S.A., proporcionó a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada copia de un cheque por $200 mil que giró a Nicolás Corcione Pérez–Balladares, como parte de una supuesta “coima”, luego de que su compañía obtuviera el primer pago de un contrato, por un monto de $8.9 millones, para la construcción del edificio del Tribunal Marítimo.
Así lo confirmaron a este medio fuentes judiciales, quienes destacaron que el cheque fue depositado a la cuenta de una sociedad vinculada a Corcione Pérez–Balladares, actual directivo de la Autoridad del Canal de Panamá.
El aporte de Espino se da dentro de la investigación que adelanta el fiscal Nahaniel Murgas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado a cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
Por este caso, la fiscalía ha imputado cargos a 12 empresarios, entre ellos, a Corcione Pérez–Balladares, a quien se le fijó indagatoria para el 29 de julio.
En tanto, Roberto Moreno, quien asumió la defensa legal de Corcione Pérez–Balladares, confirmó que se notificó ayer de la diligencia de indagatoria y explicó que conversó con su cliente para determinar si comparecerá ese día o en otra fecha, ya que está fuera del país, aunque no especificó el lugar.
Cuando Julián París y Jorge Espino, representantes de la firma Conceptos y Espacios, S.A., participan como únicos oferentes para la construcción del Tribunal Marítimo de Panamá en 2012, una licitación del Órgano Judicial por $8.9 millones, aparece en escena el empresario de la construcción Nicolás Corcione Pérez–Balladares.
Espino, en su ampliación de indagatoria a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, detalla que -en medio del proceso- un día recibió una llamada de Corcione Pérez–Balladares, quien presuntamente le solicita un “pago” si querían obtener el contrato.
En efecto, Conceptos y Espacios, S.A., luego de participar en la homologación, presentó su oferta y obtiene el visto bueno para ejecutar la obra. Alejandro Moncada Luna era el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así empezó la trama de París y Espino, quienes luego de recibir el primer adelanto del 20% del contrato que obtuvieron con la CSJ, depositaron un pago de $400 mil a la cuenta de la sociedad Corporación Cubemu, S.A., ligada a los empresarios Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi y desde la cual se giraron dineros al entonces magistrado Moncada Luna.
Los comerciantes cumplieron con el pedido de Corcione Pérez–Balladares de depositar los $400 mil a Corporación Cubemu, S.A., pero, además, tenían que acatar otra orden del actual directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP): que le depositarán $200 mil a una cuenta de una sociedad vinculada a su entorno.
Debido a este dinero que supuestamente se gira a Corcione Pérez–Balladares de parte de Conceptos y Espacios, S.A. es que la fiscalía, a cargo de Nahaniel Murgas, encuentra méritos para indagar al empresario y formularle cargos por supuesto blanqueo de capitales. Fuentes judiciales contaron que Espino, en su última ampliación ante la fiscalía, hizo entrega de una copia del cheque de $200 mil que giró a la sociedad de Corcione Pérez–Balladares. La fiscalía maneja la tesis de que aquí existe ‘coima y corrupción’.
Ese despacho judicial fijó para el próximo miércoles 29 de julio, la diligencia indagatoria a Corcione Pérez–Balladares.
El abogado Roberto Moreno, quien asumió la defensa del empresario de la construcción, confirmó que se notificó ayer de la diligencia de indagatoria y explicó que conversa con su cliente para determinar si comparecerá ese día u otro porque está fuera del país, pero no preciso en cuál.
Consideró que los cargos que se le imputan a su cliente, “son falsos”, pero avaló la investigación que adelanta la fiscalía porque ayudará a esclarecer los hechos.
IMPLICADOS EN EL CASO
París y Espino están detenidos preventivamente desde el 26 de junio pasado por este caso. También se mantienen detenidos María Gabriela Reyna, de la sociedad Reyna y Asociados, quien movió al menos medio millón de dólares a cuentas de Moncada Luna y el empresario Humberto Juárez.
El exvicepresidente Felipe Virzi tiene casa por cárcel y María del Pilar Fernández, esposa del exmagistrado Moncada Luna, tiene impedimento de salida del país. Igual medida cautelar tiene el abogado Felipe Rodríguez Guardia, vinculado a una de las sociedades.
La fiscalía dio aviso a la Interpol para capturar con fines de extradición a Ricardo Ricky Calvo.
Mientras que los también empresarios Francisco Filiú Nigaglioni, Claudio Poma y Mauricio Ortiz Quesada, requeridos para ser indagados por esta investigación, se encuentran fuera del país, según han confirmado sus abogados a la fiscalía.