Un exjefe de la Cámara Argentina de la Construcción se entregó ayer jueves a la justicia, en el marco de una investigación por corrupción surgida tras la reciente aparición de cuadernos con supuestos detalles de pagos de sobornos durante las gestiones de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El empresario Carlos Wagner encabezó por años la cámara dela construcción durante los gobiernos de Fernández -viuda y sucesora de Kirchner en la presidencia de Argentina- y deberá declarar ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
La oficina del fiscal y la de un abogado que representa a Wagner declinaron hacer comentarios a Reuters sobre un caso que podría golpear las aspiraciones políticas de Fernández, la gran rival política del actual presidente, Mauricio Macri.
Una fuente del Gobierno informó a Reuters que la Unidad de Información Financiera (UIF) ofreció a la justicia información para esclarecer el caso y recuperar el dinero ilícito.
El nombre de Wagner, junto al de, al menos, una docena de empresarios de la construcción y del sector energético, aparece en algunos de los ocho cuadernos aparentemente escritos por quien era chofer de Roberto Baratta, un exsecretario del Ministerio de Planificación, según reportaron medios argentinos.
Los cuadernos, que un periodista del diario La Nación entregó a la fiscalía, contienen detalles de viajes que hizo el funcionario desde 2005 y en los que se explica que llevaba bolsos con dinero a la residencia presidencial y al domicilio particular de Fernández y Kirchner, que murió en 2010.
Bonadio citó a declarar a Fernández para el 13 de agosto.
Un portavoz de la expresidenta de centroizquierda, que actualmente es senadora, prefirió no realizar comentarios sobre el tema.
Por el caso, el miércoles fueron detenidos seis empresarios y otros seis exfuncionarios, incluidos Baratta y su chofer.
La detención de un directivo del argentino Grupo Albanesi -que agrupa empresas de energía, petróleo y vinos- llevó a la firma a cancelar una emisión de obligaciones negociables por entre 20 millones y 70 millones de dólares, manifestó a Reuters una portavoz de la compañía.
El escándalo se suma a una serie de denuncias de corrupción en la obra pública argentina durante la gestión anterior a la del actual presidente liberal, Mauricio Macri, que asumió en 2015.