Jueces conservadores de la Corte Suprema expresaron su escepticismo respecto a los esfuerzos migratorios de Barack Obama, lo que deja los decretos presidenciales que pretenden ayudar a millones de personas que viven en el país de manera ilegal en manos de una corte aparentemente dividida.
Mientras cientos de manifestantes a favor de la inmigración y un menor número de personas en contra llenaban la acera al exterior de la corte, los jueces parecían dividirse sobre líneas ideológicas y partidarias en el caso que enfrenta a los gobernadores y miembros republicanos del Congreso contra el gobierno demócrata.
La administración del presidente Obama solicitó a los jueces autorización para implementar dos programas que podrían proteger a unos 4 millones de personas de ser deportadas y hacerlas elegibles para trabajar en Estados Unidos.
Texas encabeza un movimiento de 26 estados dirigidos por republicanos en contra de los programas que anunció Obama.