La corrupción tiene un impacto directo en los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Lo afirma el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto F. Caldas, al argumentar que cuando se quita dinero público originalmente destinado a salud, educación y obras públicas, que podría facilitar la vida de millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, se está atentando contra los derechos humanos.
A juicio de Caldas, urge y “es una emergencia continental combatir la corrupción”.
Caldas llegó ayer a Panamá para cumplir, a partir de mañana y hasta el viernes 20 de octubre, con el 58 período extraordinario de sesiones, en el que tienen previstas tres audiencias públicas para analizar casos de presunta violación a los derechos humanos en Colombia, Nicaragua y Chile.
Caldas, un abogado brasileño experto en ética, derecho constitucional, trabajo, derechos sociales y humanos, advierte que cuando se investigan hechos vinculados a la corrupción, no puede haber “protección” a un determinado grupo político. En entrevista exclusiva con La Prensa, el jurista sugiere velar por la independencia de los órganos del Estado, pues considera que es un paso fundamental para el combate a la corrupción y los grandes crímenes contra los derechos humanos.
SESIONA
Panamá será sede, a partir de mañana, lunes 16 de octubre, del 58 período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una jornada de audiencias itinerantes que, según Roberto F. Caldas, presidente de este tribunal internacional que evalúa casos de violaciones de derechos humanos, ha permitido aumentar la legitimidad del trabajo que efectúan y el acceso a la justicia.
Caldas, quien destacó que esta iniciativa de la Corte IDH se ha convertido en una experiencia muy elogiada en el mundo, al punto de inspirar a tribunales nacionales y constitucionales de diversos tipos a emularlos, explicó que la razón por la cual no se tratarán casos de Panamá durante este período es para evitar una movilización extraordinaria de personas que no están interesadas en ver la Corte en funciones, para no mezclar intereses.
“Muchas veces son casos con mucha repercusión y eso mueve intereses variados de grupos sociales, grupos políticos”, apuntó.
Por ello, a partir de mañana, lunes, los procesos que este grupo de magistrados internacionales abordará tendrán relación con violaciones a derechos de salud, seguridad e integridad sexual de una menor, de Chile, Colombia y Nicaragua, respectivamente.
El de Chile trata sobre el fallecimiento de una persona a raíz de presuntas omisiones del personal médico de un hospital público. El de Colombia está ligado a la muerte de seis jóvenes, supuestamente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, en los llamados “falsos positivos”. También analizarán la violación sexual a una niña de Nicaragua, expediente en el que se alega que el Estado no le dio debida atención.
Los casos que tratará la Corte IDH en el país están vinculados con el aseguramiento de derechos fundamentales de las sociedades, los cuales, para Caldas, representan un desafío diario en las Américas en la actualidad.
“Tenemos momentos de avances y de retroceso […] incluso [hay] discursos en contra de los derechos humanos […]. Pero, exactamente por eso, se torna más importante discutir sobre derechos humanos” y aproximarlos a la gente, remarcó.
Al enumerar una serie de temas de impacto que maneja actualmente el organismo, Caldas destacó lo relativo a poblaciones autóctonas, afrodescendientes, mujeres, defensores del medio ambiente y derechos de las poblaciones Lgbti.
Contó que está en discusión una cuestión medioambiental por el impacto de los grandes proyectos en los espacios marinos.
Incluso, indicó, esta semana recibieron un pedido de opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la democracia en el continente, relacionado con cuáles formas de juicios políticos son aceptables dentro del marco de los derechos humanos.
INDEPENDENCIA
Caldas, brasileño de nacimiento y juez de la Corte IDH desde 2013, sugiere a las naciones velar por la independencia de los poderes del Estado, aspecto, que dijo, es indispensable para el combate a la corrupción y los grandes crímenes contra los derechos humanos. Lo reitera: los ministerios públicos, las fiscalías y el Poder Judicial “deben tener la debida independencia”. A estas entidades, que tienen la tarea de garantizarle la justicia a los ciudadanos, les recomienda crear comisiones de ética y de conducta, “para poner el tren en la línea”.
De hecho, manifiesta que uno de los mayores desafíos que tienen los Estados para garantizar el disfrute de los derechos humanos de las poblaciones, sobre todo de las más vulnerables, es la lucha contra la corrupción.
Argumenta que normalmente, cuando se quita dinero público originalmente destinado a asuntos sociales, como educación, salud y obras públicas, se tiene un impacto en los derechos humanos de poblaciones vulnerables.
Ocurre, por lo general, dice, en grupos que más necesidad tienen. “La gente más carente de recursos financieros y que necesitan de aportes del Estado. Son esas las que más sufren”, advierte.
Por eso sustenta que “es una emergencia combatir la corrupción”. “Una emergencia continental”, añade.
LA SELECTIVIDAD
Otro de los desafíos que tienen los países en esta materia, según Caldas, es evitar la “inclinación” para una determinada parte.
El mensaje del jurista apunta a las agencias encargadas de investigar, como los ministerios públicos y los poderes judiciales.
“Cuando se investiga la corrupción (...) no debe haber protección para grupo político”.
“Las investigaciones no pueden ser selectivas cuando se encuentren violaciones graves a los derechos humanos o cuando se encuentre corrupción. No se puede proteger a algunas personas por ser parte de un grupo. Tienen que investigarse todos. No puede haber selectividad. Y eso es un gran desafío en nuestra región”, asegura.
Con respecto a la justicia en la región, opina que está avanzando, aunque eso no quiere decir que se tenga “un poder judicial perfecto ni ideal”.
UNA INVITACIÓN
Por último, Caldas invitó a la población panameña a participar de las audiencias públicas que tendrán lugar durante la semana, como una manera de acompañar el trabajo de la Corte.
“Son siete jueces, cada uno de un país, con diferentes aportes, es un excelente ejercicio para aproximar más, no solamente a la comunidad académica, judicial y los agentes públicos, sino también a la población, para ver cómo se puede llegar a la Corte o aprovechar la jurisprudencia ya construida en favor de sus propios derechos”, planteó.
Para participar de estas audiencias, que son gratuitas, debe inscribirse en línea en el sitio web de la Corte (http://www.corteidh.or.cr/58PES/inscripcion.html).
Las sesiones tendrán lugar en el Centro de Convenciones del hotel Radisson Decápolis, en avenida Balboa. El sitio tiene espacio para 500 personas y hasta ayer había mil 200 inscritas. No obstante, el presidente de la Corte IDH afirma que la experiencia es que algunos de los que se inscriben no llegan y que siempre hay oportunidad de asistir.