El procurador general de la Administración, Rigoberto González, se unió a las voces de quienes piden que la Corte Suprema de Justicia investigue a los diputados de la Asamblea Nacional, luego de que este diario revelara supuestas irregularidades en la gestión de donaciones y contratos por servicios profesionales en el Legislativo.
González aseguró que el manejo de donaciones por parte de los diputados es “inconstitucional a todas luces”, porque no hay una norma en la Constitución que faculte a la Asamblea para hacer donaciones ni manejar fondos.
También señaló que comparte y le parece correcta y atinada la petición que hizo el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, al contralor Federico Humbert, para que audite las donaciones y contratos de la Asamblea.
González sostuvo, además, que no se puede aceptar que ningún funcionario o institución, sea la que sea, maneje fondos públicos como si fuesen privados.
“Tienen que haber los controles, las fiscalizaciones y la rendición de cuentas, de forma tal que la ciudadanía sepa en qué se están utilizando estos fondos”, recalcó
El procurador manifestó que le parece “delicado y grave” todo lo que se ha publicado esta semana en La Prensa sobre el tema.
Por su lado, el exmagistrado de la Corte Edgardo Molina Mola concordó con González respecto a que la Corte debe investigar a los diputados por este caso, pero aclaró que el máximo tribunal “no puede investigar de oficio” y por tanto “tiene que haber una denuncia”.
Por su lado, la también exmagistrada de la Corte Esmeralda Arosemena de Troitiño recordó que la Constitución establece claramente cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional y ninguna de estas guarda relación alguna con donaciones.
“Los ciudadanos tenemos el derecho de demandarle al Órgano Legislativo que se apegue a las funciones constitucionales. Es el primer principio de la legalidad de nuestros actos (...)”, sustentó.
EL MP SE PRONUNCIA
Mientras, el Ministerio Público (MP) citó en un comunicado el artículo 206, numeral 3 de la Constitución, el cual establece como atribución constitucional y legal de la Corte investigar y procesar a los diputados.
Asimismo, explicó que el artículo 39, numeral 1 del Código Procesal Penal, dispone que la Corte será competente para investigar, en pleno, los procesos penales y las medidas cautelares contra los diputados.
“La investigación y consecuente juzgamiento de los hechos delictivos cuya comisión sea atribuible a los diputados de la República, ya sean principales o suplentes, compete a la Corte Suprema de Justicia”, recalcó.