La Corte Suprema de Estados Unidos indicó ayer viernes que examinará la tercera versión del polémico decreto antimigratorio del presidente Donald Trump.
En su tercera edición, el decreto -que los detractores del mandatario combaten ante la justicia- prohíbe la entrada a Estados Unidos de manera permanente a los ciudadanos de siete países (Yemen, Siria, Libia, Somalia, Irán, Corea del Norte y Chad) y cierra las fronteras del país a altos funcionarios venezolanos.
El texto fue suscrito el 24 de septiembre del año pasado, pero fue suspendido por un juez del estado de Hawái el 17 de octubre, la víspera de su entrada en vigor.
De acuerdo con ese magistrado, el decreto no lograba demostrar de qué forma bloquear el ingreso al país a personas de países de mayoría musulmana favorecía “los intereses de Estados Unidos”.
Otro juez del estado de Maryland bloqueó posteriormente los efectos de la medida.
El gobierno inició un largo derrotero de apelaciones hasta que en noviembre una corte de San Francisco autorizó parcialmente la aplicación del decreto, excluyendo a “extranjeros que puedan demostrar una relación de buena fe con una persona o una entidad” local.
La resolución de la Corte Suprema debería ser conocida alrededor del mes de junio.
CUESTIONAN SISTEMA
La Casa Blanca sostiene que los programas que actualmente se utilizan, el de la lotería y el de la inmigración en cadena, llevan a Estados Unidos a demasiadas personas que no pueden adaptarse y carecen de habilidades y educación para contribuir a la sociedad.
“Un sistema de inmigración que funcione correctamente promueve la asimilación en todas sus formas, a través de cualquier mecanismo por el cual esas personas lleguen a Estados Unidos”, señaló un alto funcionario del gobierno a periodistas en una reunión explicativa.
“No promueve la admisión de individuos que no podrían tener éxito, que no se integrarían, que potencialmente podrían radicalizarse o ya se han radicalizado y representan una amenaza a nuestra seguridad nacional”, agregó.
Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que aspiran a un sistema como el de Canadá o Australia, donde los candidatos a inmigrantes son evaluados por las habilidades y conocimiento que puedan llevar al país.
Asimismo, negaron que Trump sea racista, después de que legisladores demócratas dijeron a la prensa que el mandatario hablara en días pasados de “países de mierda” en un acalorado debate sobre las políticas de inmigración. El problema, indicaron, son la lotería de green card y la inmigración en cadena.
“Cada nación continuamente evalúa sus necesidades”, dijo un funcionario. El gobierno busca asegurarse de que el sistema de inmigración “sirva a los intereses nacionales”, reiteró.