La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dos incidentes de desacato ante la renuencia de la Asamblea Nacional (AN) de suministrar información solicitada por el diario La Prensa, sobre el manejo de fondos públicos. Los dos recursos fueron acumulados.
Uno de los incidentes tiene relación con una petición de información de los documentos que sustentan el pago de las donaciones gestionadas por los diputados.
En el otro, se requirió información del personal contratado por servicios profesionales en la Asamblea, con el detalle del nombre, funciones, cargos y montos individuales y globales.
Las solicitudes de información fueron inicialmente presentadas al diputado Rubén De León cuando ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional. En su momento, De León contestó parcialmente la solicitud de información sobre las donaciones, pero ignoró lo concerniente a los contratos por servicios profesionales.
La CSJ concedió dos habeas data a La Prensa. Pero la diputada Yanibel Ábrego, que reemplazó a De León en la presidencia del Legislativo, tampoco entregó la información completa.
“En el tiempo en que tramitaban [...] las donaciones y subsidios no eran gestionadas por los honorables diputados, por lo que ese detalle no existe”, y los documentos que sustentan las donaciones “no están disponibles en la institución”, contestó Ábrego a este diario.
Sin embargo, La Prensa publicó la lista y montos de las donaciones entregadas por cada diputado, según el borrador de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, y comprobó que los diputados sí gestionaron estas “ayudas económicas” e incluso tenían asignado un código.
En cuanto a los contratos por servicios profesionales, Ábrego aseguró que cumplió con entregar la información. Sin embargo, no entregó el detalle del nombre, funciones y salario de cada contratado; sí facilitó datos no requeridos, como edad y sexo en que se agrupan estos.
En enero pasado, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información requirió a la AN cumplir con el fallo de la Corte y publicar las contrataciones en su sitio en internet, lo que aún no ocurre. Ábrego argumenta que para hacer eso necesita más recursos.
Una investigación de La Prensa documentó que la AN tramitó más de $80 millones entre donaciones y contratos, buena parte de ellos falsos. El beneficiario del donativo o contrato recibía 5% del dinero y el resto quedaba en manos de los asistentes de los diputados.
Según la Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002), “el funcionario requerido por el Tribunal que conoce del Recurso de Habeas Data, que incumpla con la obligación de suministrar la información, incurrirá en desacato y será sancionado con multa mínima equivalente al doble del salario mensual que devenga”. En caso de reincidir, será destituido del cargo.