Con el argumento de la falta de prueba idónea, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó de plano y ordenó el archivo de una denuncia contra el diputado de Cambio Democrático (CD) y alcalde electo de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Los hechos denunciados son confusos e involucran al abogado Eduardo Lamphery, un amigo taxista, un sobre amarillo abandonado y unas anotaciones con el nombre del diputado.
Lamphery denunció que un amigo taxista le contó que el 7 de marzo de 2018, recogió a un pasajero en los predios de la Asamblea Nacional, y que este, al llegar a su destino en Albrook Mall, olvidó en el vehículo un sobre amarillo.
El taxista -siempre según lo narrado por Lamphery en su denuncia- contó que dentro del sobre encontró documentos clipsados que “parecían” estados de cuenta y copias de cheques del Municipio de San Miguelito.
“Uno de los documentos clipsados con el cuadro de montos y nombres de empresas arriba decía Héctor Valdés Carrasquilla por el monto de $85 mil 391”, señala Lamphery en su denuncia.
En un fallo del 15 de abril de 2019, el pleno (con ponencia del magistrado Efrén Tello) consideró que la acción presentada carece de pruebas que puedan sustentar los hechos atribuidos. No obstante, el magistrado Harry Díaz, que salvó el voto, consideró que “los hechos consignados en la denuncia revelan información relevante que surge de los documentos aportados, que vinculan al diputado Valdés a la posible comisión de hechos ilícitos... mismos que satisfacen el concepto de prueba idónea”.
En el último mes y medio, la Corte ha archivado dos denuncias contra diputados alegando falta de prueba idónea. Además de Valdés Carrasquilla, el 24 de mayo pasado el pleno no admitió una denuncia contra el diputado reelecto del PRD Roberto Ayala, autor del artículo que en abril de 2018 intentó derogar el contrato ley del puerto de contenedores de Rodman.
En el año 2017, el procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a la Corte declarar inconstitucional la norma que establece la prueba idónea, requisito que exige el Código Procesal Penal para acompañar las denuncias contra los diputados.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró que “los magistrados de la Corte Suprema siguen dando una interpretación que favorece la impunidad. El problema no es la ley, el problema son los magistrados”.