El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió y decidió archivar, “por falta de prueba idónea”, un caso por la presunta comisión del delito de estafa, en el que se menciona al diputado de Cambio Democrático (CD) Manuel Cohen Salerno.
La Corte analizó una copia de un expediente remitido por la Fiscalía de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la provincia de Herrera. En este se menciona al diputado del circuito 6-1 (Chitré) en la supuesta estafa en perjuicio de la distribuidora de medicamentos Dickey, S.A.
La investigación se originó por una querella que interpuso en 2016 la distribuidora Dickey, S.A. por el incumplimiento por parte de la empresa Crypet, S.A., de $132 mil en el concepto de venta de medicamentos.
Crypet, S.A. hizo entrega de tres cheques a Dickey, S.A. para el pago de la deuda, pero cuando los representantes de esa empresa fueron al banco, los cheques no tenían fondos.
La presunta vinculación del diputado Cohen salió a relucir cuando Jorge Garrido y Sandra de Garrido, de la firma Garrido & Garrido, agentes residentes de la distribuidora Crypet, S.A., señalaron a la fiscalía que suscribieron una acción cada uno de esa sociedad, pero que estas “fueron traspasadas inmediatamente al cliente que solicitó la sociedad, Manuel Cohen Salerno, en el año 1993”.
El pleno de la CSJ consideró que “no se cumple con los requerimientos de precisión, clara y circunstanciada de los presuntos hechos ilícitos a los cuales podría encontrarse vinculado el diputado Cohen”.
Agrega el pleno que “existe una incertidumbre acerca de los accionistas de la sociedad distribuidora Crypet, S.A., para los años 2016 y 2017, aspecto que no fue precisado por el agente instructor, quien debió acreditar este importante elemento antes de tomar la decisión de ordenar las copias para el conocimiento de la CSJ”.
Indicaron los magistrados que la causa remitida a la CSJ “no cuenta con la prueba idónea necesaria para acreditar al menos indiciariamente la probable vinculación del diputado Manuel Cohen a los hechos querellados”.
Indicaron, además, que adelantar una investigación con estas falencias sería violar el debido proceso, columna vertebral de todo ordenamiento jurídico.