“Fue un proceso que acarrea o emana muchas dudas porque, al final, cómo pasamos de miles a millones [de dólares], algo pasó. ¿Cómo pasamos de lo sublime a lo ridículo?”
Así reaccionó el gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León, al pago que tendrá que desembolsar la entidad a la empresa Constructora Urupan, S.A.
Constructora Urupan, S.A., demandó al BNP por $132 mil, más una indemnización en 2001, por rescindirle tres contratos alegando incumplimientos.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia condenó en 2008 al BNP a pagar $7.1 millones; pero, por recursos de reconsideración, la cuantía bajó a $5.3 millones. El pago se había suspendido por un proceso que mantenía la Dirección General de Ingresos (DGI) contra la empresa desde 2010, pero en julio pasado se levantó el secuestro a la constructora, después de que el Tribunal Administrativo Tributario decretara la prescripción de la acción penal fiscal.
La resolución de la DGI para el BNP indica que “resulta evidente que el Fisco no va a poder tener una sentencia en firme, en la que haya una cuenta por cobrar contra el contribuyente” por decisión del Tribunal Administrativo Tributario.
De León aseguró que por el millonario pago “son menos las utilidades que el banco le entregará al Tesoro Nacional... es plata que no recibirá el pueblo”, se quejó.
La ex zarina anticorrupción Alma Montenegro dijo que le toca al Ministerio de Economía y Finanzas intervenir para recuperar parte del dinero, ya que la empresa era investigada por defraudación fiscal.
Se intentó localizar a los dignatarios y representantes legales de la empresa uruguaya, pero los esfuerzos resultaron infructuosos.
UN MILLONARIO REGALO DEL ESTADO
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia podría obligar al Banco Nacional de Panamá (BNP) a pagar próximamente $5.3 millones a la empresa Constructora Urupan, S.A.
En el BNP consideran que las obras con las que el Gobierno ayuda a los panameños se podrían ver impactadas negativamente con esta acción.
El gerente del BNP, Rolando de León, lamentó que ahora se tenga que hacer frente a un “dudoso” fallo de la Corte Suprema que data de 2005, comprometiendo dinero que la entidad entrega al Tesoro Nacional para el beneficio de la población.
“Es una situación difícil para el banco y para el país, ya que tendrá una consecuencia directa en los beneficios que el país recibe, con base en las utilidades que el banco genera”, señaló de León.
En 2001, Constructora Urupan, S.A., demandó al BNP por rescindir tres contratos que ascendían a algo más de más de $716 mil. Sin embargo, la entidad bancaria sustentó que la acción se debió a retrasos en las obras, excesivas prórrogas e incumplimiento de contratos.
De ese dinero, el BNP debía solo $132 mil a la empresa. En sentencia de la Sala Tercera de la Corte en 2005, los entonces magistrados Arturo Hoyos, Adán Arnulfo Arjona y Winston Spadafora declararon nula la resolución del banco y lo condenaron a pagar por daños y perjuicios sin especificar el monto.
Ese mismo año, los abogados de la empresa uruguaya fijaron una cuantía de $6.5 millones por “daño emergente y moral”, pero en un giro sorprendente, los demandantes fueron favorecidos con un nuevo fallo, por $7.1 millones, esta vez con los votos de Víctor Benavides y de Arjona, ya que el suplente de Spadafora salvó su voto.
Tras recursos de consideración, el monto del reclamo fue bajado a $5.3 millones.
De León dijo que “nos entristece tener que pagar una multa que nos parece totalmente injusta”.
DEFRAUDACIÓN
En 2010, el entonces administrador provincial de Ingresos (hoy Dirección General de Ingresos) inició un proceso contra Constructora Urupan, S.A., por supuesta defraudación fiscal por más de $2.2 millones.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo Tributario decretó en 2015 una prescripción de la acción penal fiscal solicitada por la firma Rosas & Rosas, abogados de la empresa.
Ahora, el dinero debe ser repartido entre las esposas e hijos de los accionistas de la sociedad demandante, ya que se aprobó una cesión que no contempla ni el pago de los tributos al fisco ni las cuotas obrero patronales, según se desprende de un documento al que tuvo acceso este medio.
¿SE PRESERVÓ EL DINERO?
Pero en este largo proceso lo que sobran son dudas.
¿Qué avances logró la Dirección General de Ingresos (DGI) en la actual administración durante las investigaciones de estos hechos denunciados? ¿Se citó a las partes involucradas o se hizo alguna auditoría a las finanzas de la empresa que demandó al Estado por más de 5 millones de dólares? La respuesta es todo un misterio, porque el director de esta entidad, Publio Cortés, decidió guardar silencio y acogerse al Código Fiscal y al Decreto de Gabinete 109 de 1970.
“Existe confidencialidad sobre el contenido de los casos, por tanto, la DGI no podrá contestar a tus interrogantes”, respondió el funcionario.
Cortés añadió que la entidad a su cargo “no está autorizada para comentar públicamente los casos que se manejan en ejercicio de sus competencias, con información de la situación tributaria de los contribuyentes”.
El pasado 14 de julio, Cortés notificó al BNP del levantamiento del secuestro de la empresa tras la decisión del Tribunal Administrativo Tributario.
Ante esta decisión, la exzarina anticorrupción Alma Montenegro, quien en su momento cuestionó este caso, consideró que corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) accionar un reclamo de pago de impuesto.
“El MEF debe intervenir, y más para recuperar parte de ese dinero”, indicó.
Montenegro aseguró que existe una crisis de credibilidad en los fallos de la Corte Suprema de Justicia, puesto que han lesionado al Estado en varias ocasiones.
Por su parte, el excontralor Alvin Weeden aseguró no conocer a fondo el expediente, pero que “me parece extraño, no sé cómo puede suceder” que los magistrados entreguen más de lo que pide la parte demandante. “Eso me llama la atención”, comentó.