El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró impedido al magistrado Harry Díaz para actuar como de juez de garantías en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el presunto cobro de coimas de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), encargada del cobro de impuestos morosos en el gobierno pasado.
En la sesión ordinaria de ayer –en la que no estuvo presente Díaz–, los magistrados decidieron acoger la solicitud de impedimento que había presentado Díaz el 14 de este mes.
El Órgano Judicial informó en un comunicado que a partir de ahora el juez de garantías de este caso será Jerónimo Mejía, mientras que el magistrado Abel Zamorano seguirá en funciones como fiscal de la causa.
Al solicitar el impedimento ante el pleno, Díaz divulgó una nota en la que argumentó que él estuvo vinculado con el equipo evaluador del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que en 2010 seleccionó a Cobranzas del Istmo para gestionar el cobro de impuestos morosos al Estado.
Mientras, en el escrito que dirigió al pleno de la CSJ, el magistrado Díaz precisó que cuando laboró en el MEF fue seleccionado para ser parte del equipo evaluador de las empresas que aspiraban a esa contratación, y que a él solo le correspondió evaluar si la empresa cumplía con los requisitos exigidos.
PREOCUPA LENTITUD
En este escenario, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), llamó la atención sobre la lentitud con que, según ella, avanzan los procesos seguidos al expresidente Martinelli en la Corte.
“Cada día que pasa se confirma la desconfianza ciudadana en la justicia y reafirma la creencia de que la impunidad cuenta con la complicidad de los magistrados”, opinó.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, reconoció sentirse sorprendida por la decisión asumida por el pleno de la CSJ al declarar impedido al magistrado Díaz.
Castillo detalló que el avance de los procesos a Martinelli es muy lento e incluso algunos están paralizados por la presentación de recursos legales.
En septiembre de 2015, la CSJ admitió abrir un proceso a Martinelli relacionado con el caso CISA, luego de que Cristóbal Salerno, accionista mayoritario de esa empresa, declaró que entregó, en las oficinas del Súper 99, en Monte Oscuro, maletines con dinero en efectivo producto de las comisiones obtenidas por la gestión de cobros.
En julio pasado, el fiscal Zamorano ejecutó un allanamiento en la sede de Importadora Ricamar en Monte Oscuro, empresa vinculada a la familia del expresidente Martinelli.