El presidente brasileño, Michel Temer, ganó tiempo ayer en el juicio que podría terminar con su presidencia por ilegalidades en la campaña 2014, luego de que la corte electoral diera más plazo a la defensa y citara a nuevos testigos.
Sin fecha definida para su reinicio, este proceso con potencial para arrastrar al país a otro ciclo de inestabilidad política, empezó, según lo esperado: plagado de obstáculos y recursos para dilatarlo.
La eventual sentencia, que en teoría podía hacerse efectiva este mismo jueves, quedó aplazada y los trabajos en agenda recién permitirían reanudar el juicio en mayo, según dijeron a la AFP fuentes en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
“El tribunal aceptó los testimonios requeridos por la defensa [...] y el plazo de cinco días para los alegatos finales, después de los testimonios”, dijo Gilmar Mendes, presidente del TSE.
Temer responde por una denuncia de abusos económicos y políticos, perpetrados por la fórmula en la que acompañó como vicepresidente a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff (2011-2016), destituida el año pasado por maquillaje de las cuentas públicas.
El actual presidente del conservador PMDB, sucedió a Rousseff, luego de que perdiera su cargo en un juicio político promovido por el partido de su exaliado, a quien acusa de golpista. Con el Congreso y los mercados a favor, Temer aspira a que el proceso se acerque lo más posible a las elecciones de octubre de 2018 y pierda sentido político.
“No hay previsión de fechas. Todo depende de cuándo sean escuchados los testigos”, informó el tribunal. La denuncia, paradójicamente, fue presentada por el partido PSDB (centroderecha), derrotado en 2014 y hoy estrecho aliado de Temer.
Avanzó en el TSE, pese a haber perdido interés para la parte acusadora, que en los alegatos recientes pidió eximir al actual mandatario de cualquier responsabilidad.
“Aguardo el fallo con tranquilidad”, dijo Temer a la prensa tras participar en una reunión con inversores en Sao Paulo. “Siempre acataremos las decisiones del Poder Judicial”, agregó el mandatario, que niega cualquier improbidad.
La corte resolvió escuchar a cuatro nuevos testigos, entre ellos, el exministro de Hacienda Guido Mantega y el expublicista Joao Santana, ambos ligados al Partido de los Trabajadores (izquierda) de Rousseff y su predecesor Lula da Silva (2003-2011), lo que retrotrae el proceso a la fase de instrucción.
Mantega ya fue indagado en el marco del escándalo de desvíos de fondos de la estatal Petrobras y Santana fue condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel.