El Supremo Tribunal Federal de Brasil podría comenzar a ordenar en abril la liberación de los sospechosos que han estado detenidos durante meses sin ser sometidos a juicio en el mayor caso de corrupción del país, dijo a Reuters una fuente judicial de alto nivel con conocimiento directo del asunto.
Tal decisión podría ser un revés para Sergio Moro, el juez federal que ha puesto tras las rejas a decenas de ejecutivos de los sectores de petróleo e ingeniería en el marco de la investigación conocida como Lava Jato por sobornos a políticos para lograr contratos en empresas estatales.
En base a la investigación dirigida por Moro en la sureña ciudad de Curitiba, el fiscal general de Brasil está tratando de llevar a varios políticos a juicio en el máximo tribunal del país acusados de aceptar sobornos.
SOSPECHOSOS
Solo hay siete sospechosos detenidos en Curitiba, pero entre ellos está un exministro de Hacienda y el aún poderoso expresidente de la Cámara baja del Congreso Eduardo Cunha.
Ellos todavía podrían enfrentar cargos, aun en caso de ser dejados en libertad.
La decisión de Moro de mantener a varios sospechosos en detención prolongada para obtener confesiones ha sido objeto de críticas por sus métodos en los dos años de investigación, aunque los fiscales dicen que solo una pequeña fracción de los acuerdos de culpabilidad con la fiscalía fueron alcanzados por personas que estaban en prisión preventiva.
INFLUENCIA
En vista de que los políticos detenidos en Curitiba por orden de Moro ejercen una fuerte influencia en los pasillos de poder en Brasilia, el tema se vuelve cada vez más candente.
“La corte pronto comenzará a liberar dentro de unos meses, tal vez el próximo, a las personas de (la operación) Lava Jato que estaban detenidas en Curitiba”, dijo la fuente judicial, que pidió no ser identificada debido a lo delicado de la información.
“Esto seguramente sucederá”, añadió.
El tema fue planteado en el tribunal el mes pasado por el juez Gilmar Mendes durante una audiencia realizada por una solicitud de un recurso de habeas corpus.
Mendes -que tiene estrechos vínculos con el Partido de la Social Democracia Brasileña, que forma parte de la coalición de gobierno del presidente Michel Temer- dijo que las prolongadas detenciones en Curitiba estaban en gran parte en contra de la jurisprudencia que la corte ha establecido en los últimos años.
Ordenan incautar bienes en Colombia y Perú
La Fiscalía General de Colombia inició el proceso de extinción de dominio en contra de seis bienes (cuatro propiedades y dos vehículos) de propiedad del exviceministro de Transporte de ese país, Gabriel Ignacio García Morales y los empresarios Enrique José y Eduardo Assad Ghisays Manzur en el marco del proceso que se les adelanta por su participación y conocimiento en el escándalo de Odebrecht, informó ayer elespectador.com.
Entre tanto, también en Perú, un juez ordenó los embargos de inmuebles de dos exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones investigados por el pago de sobornos de Odebrecht, según una nota de elcomercio.pe.
En Colombia, el ente investigador ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio en contra de los bienes ubicados en exclusivos sectores en la ciudad de Cartagena y los vehículos de alta gama, así como en contra de 4 millones de dólares en acciones de propiedad de la empresa panameña Lourion Trading.
La Fiscalía General señaló que los bienes están avaluados en cerca de 6 millones de dólares.
Según la Fiscalía, los empresarios Ghisays Manzur crearon las empresas Lurion Trading INC y Oil & Gas Logistics para darle apariencia de legalidad y permitir el ingreso a Colombia de los 6.1 millones de dólares que entregó Odebrecht para resultar beneficiado con la entrega del contrato de la Ruta del Sol Tramo II en el año 2009, el cual fue entregado por el Instituto Nacional de Concesiones. En el caso peruano entre tanto, la procuradora Katherine Ampuero informó a través de un comunicado sobre las medidas aprobadas por el juez Richard Concepción contra Miguel Ángel Navarro, quien cumple una condena de 18 meses de prisión preventiva, y contra Mariella Huerta Minaya, expresidenta del comité de licitación de la línea 1 del Metro de Lima, prófuga de la justicia.