El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González en representación del expresidente de la República Ricardo Martinelli, que buscaba que se dejara sin efecto una decisión del magistrado Jerónimo Mejía, que le permitió a su colega Oydén Ortega investigar las cuentas bancarias del exmandatario en una investigación que le sigue la Corte, por la supuesta comisión del delito de peculado en la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En la pesquisa, Mejía actúa como juez de garantías de la causa, mientras que Ortega funge como fiscal.
El fallo del pasado 31 de octubre, que tuvo como ponente al magistrado Abel Zamorano, advierte que el recurso presentado por Camacho González “no se dirige a la violación de un derecho o garantía constitucional”, y no tiene cabida porque se basa en “el cuestionamiento de la actividad valorativa o interpretativa realizada por el juzgado de la instancia”, por lo que “el mismo no representa la vulneración a un derecho constitucional”.
La sentencia también detalla que de la lectura del recurso no se permite concluir que el magistrado de garantías, en este caso Jerónimo Mejía, haya cometido alguna infracción al texto constitucional, “cuyo contenido tenga carácter de lesividad y trascendencia que justifiquen la admisibilidad del amparo”.
A la vez sostiene que, en este caso, el amparo detalla una manifiesta disconformidad con respecto a la decisión adoptada por el juez de garantías [Mejía] durante la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2016, pero utilizando como fundamento un argumento que no se aplica para estos casos.
En esa audiencia, Mejía rechazó una petición presentada por la defensa de Martinelli para que decretara nulo el proceso seguido al también diputado del Parlamento Centroamericano, por haber solicitado información bancaria de este sin la autorización del juez de garantías. No obstante, durante la audiencia Mejía rechazó los argumentos presentados por los abogados de Martinelli, al advertir que el fiscal Oydén Ortega puede conducir determinadas diligencias sin el control previo del juez.
“Las diligencias cuestionadas no son diligencias judiciales, que es lo que dice el artículo 199 [del Código Procesal Penal], que fue el utilizado por la defensa para hacer la apelación”. A raíz de ello, el equipo legal del exmandatario presentó un amparo de garantías bajo el argumento de que esta dejaba en indefensión a su cliente.
Según Camacho González, Mejía habría violado el artículo 17 de la Constitución, pues siendo el garante de los derechos del investigado, y el responsable del control de legalidad de las investigaciones, no cumplió con el mandato constitucional. Durante la audiencia el fiscal Ortega explicó que todos los bancos contactados le suministraron a su despacho la información requerida oportunamente.
Agregó que no se realizaron diligencias de inspección, incautaciones o secuestros, “en cuyo caso sí se requeriría el control previo del juez de garantías”.
En esta causa se investiga a Martinelli por la supuesta comisión del delito de peculado, luego de que en una pesquisa adelantada por el Ministerio Público (MP) se le mencionara como la persona que decidía a quienes se asignaban los contratos en el PAN.
En el proceso que lleva el MP están imputados su ex secretario privado Adolfo Chichi De Obarrio, quien está prófugo; al igual que el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, el exjefe de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti, al igual que Rubén De Ycaza, de la empresa Lerkshore, que obtuvo el contrato. Se sobreseyó a los exministros Lucy Molinar y Federico Suárez; y a las viceministras María Fábrega y Marta Susana de Varela.