Corte ordena levantar secreto a la Asamblea Nacional

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Nacional entregar a este diario la documentación de los contratos de servicios profesionales. Esto abre la posibilidad de una investigación en este sentido. Sin embargo, el Órgano Legislativo no cumple el fallo del máximo tribunal. La Prensa reveló que, además de donaciones que no llegaron a sus beneficiarios reales, se tramitaron más de 17 mil contratos de trabajo temporal, de la que buena parte no fue trabajada.

“El fallo va a tener un impacto importante en las demandas de habeas data y es una información que tiene relevancia pública”, porque la ciudadanía exige saber bajo qué términos se gestionaron los contratos, dijo la exmagistrada Esmeralda de Troitiño.

Es información reclamada por la ciudadanía, afirmó Juan Diego Vásquez , representante de la Alianza de Facultades de Derecho de Panamá. “Es urgente que la Asamblea cumpla la orden de la CSJ y se terminen los años de opacidad. Conociendo a los responsables, gracias a esa información, estos puedan ser llevados a la justicia con prontitud y eficacia”, dijo el estudiante de derecho.

Con este fallo “histórico”, pediremos la información para actuar, mediante recursos penales, contra quienes participaron de los contratos, indicó Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin). Dicha información, agregó, también la requirieron, pero se la negaron. Planells llamó a revisar las sanciones por incumplir la Ley de Transparencia.

Según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el fallo es una “buena noticia”. ASAMBLEA, EN DESACATO TRAS FALLO

La Asamblea Nacional está en desacato. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó entregar la documentación de los contratos de servicios profesionales solicitados por La Prensa, pero la Asamblea no lo ha hecho aún.

El fallo, cuyo ponente fue el magistrado Luis Mario Carrasco, confirmó que la información solicitada por este medio “es de carácter público” y el edicto con el fallo –publicado el pasado 20 de diciembre– le dio al Legislativo cinco días para entregarla. La Prensa dejó al descubierto en una investigación periodística que, además de las donaciones que no llegaban a sus beneficiarios finales, estos contratos de trabajo temporal se entregaban a personas que no tenían que trabajar y que solo recibían un 5% del valor del contrato. El resto quedaba en manos de asistentes de diputados. Se contabilizaron unos 17 mil contratos de servicios profesionales entre julio de 2014 y diciembre de 2016, por la suma de 68 millones de dólares, muchos de ellos, falsos. OCULTAN INFORMACIÓN

Este medio recurrió a la Corte debido a que desde febrero de 2017 solicitó a la Asamblea –por entonces presidida por Rubén De León– la lista de personas contratadas de julio de 2014 al 15 de marzo de 2017, así como sus funciones y cédulas, y la información fue negada en cinco ocasiones. Primero se ignoró la petición; luego se indicó que la información estaba en manos de la Contraloría y también que la solicitud se hizo de “manera inadecuada”. Bajo la presidencia de Yanibel Ábrego, la Asamblea respondió que la información no la tenía en digital, por lo que exigió replantear la solicitud (ver facsímil). Tras reiterar que entregaran la documentación “como la tengan”, Ábrego concluyó, el 21 de noviembre pasado, y contrario a lo que indica la Ley de Transparencia, que esa era “información confidencial” por referirse a un expediente de recursos humanos (ver facsímil). Consultada por la razón del desacato, Ábrego dijo que desconoce el fallo de la Corte. Incluso se mostró sorprendida de la carta que firmó, en la que aseguraba que era “información confidencial”. “¿Yo hice una carta en la que dije que la información era confidencial? Mándame esa carta, porque a veces uno firma documentos confiando en los asesores legales”, dijo Ábrego. La Prensa le reenvió la carta que recibió de ella misma, así como el edicto del habeas data concedido. Luego se intentó contactar nuevamente a Ábrego, y no contestó más su celular.

El fallo que ordena entregar la información de los contratos fue visto con buenos ojos por juristas y miembros de la sociedad civil, porque se relaciona con las auditorías que realiza la Contraloría sobre lo sucedido en la Asamblea, “información que espera todo el país”, subrayó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional). La organización solicitó el mes pasado a la Contraloría entregar lo antes posible las auditorías al Ministerio Público para reabrir la investigación, pero aún no lo ha hecho. “Es una buena noticia que la Corte haya concedido el habeas data que obliga, sin matiz alguno, a la directiva de la Asamblea Nacional a entregar la información solicitada y si estamos en un Estado de derecho, la presidenta de la Asamblea no tiene otro camino que dar la información que hasta ahora ha negado”, indicó su presidenta, Lina Vega.

“El fallo marca un hito en el fortalecimiento de la transparencia, porque es habitual que la Asamblea no entregue la información”. No ha habido manera de que entregue información de sus donaciones, se quejó el abogado Ernesto Cedeño, quien añadió que el fallo es “de obligatorio cumplimiento y nos da la esperanza de saber qué ocurrió en la Asamblea”, así como abrir una investigación penal, “porque, si fuera por la Contraloría, difícilmente podríamos conocer esta valiosa información”, opinó. Agregó que un desacato pudiera conllevar una investigación contra la directiva de la Asamblea por “abuso de autoridad”. “Está en jaque la junta directiva, pues tiene que dar la información al diario La Prensa”, dijo. Para la oenegé Juntos Decidimos, el fallo es una oportunidad para que se sepa la verdad. En caso contrario, “los ciudadanos no vamos a seguir permitiendo que se lesione el patrimonio de todos. Como organización estamos dispuestos a actuar legalmente”, dijo su vocero Freddy Pittí. CUMPLIR EL FALLO

Según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el tema de quién hace cumplir el fallo a la Asamblea “debe ser llevado ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que es la institución que tiene competencia de velar por el cumplimiento de la obligación legal. El rendimiento de cuentas es una obligación, y no hay excepciones”. La Antai aclaró que no es su competencia y que el desacato debe comunicarse al tribunal que conoció del habeas data para que aplique la sanción que corresponda, según la Ley de Transparencia. Tras hacerse público el contenido del fallo, “la Antai puede instar a la Asamblea Nacional [a] publicar en su página web la información relativa a la contratación de funcionarios por servicios profesionales”, indicó su directora, Angélica Maytín, quien calificó de “error” que la Asamblea considere esos contratos confidenciales.

Sin embargo, no sería la primera vez que la Asamblea incumple mandatos del máximo tribunal de justicia. La Corte concedió otro habeas data a La Prensa referente a información de las donaciones de la Asamblea y la información tampoco se entregó.

solicitó documentos que sustentaran la emisión de estos cheques, así como el detalle de las donaciones gestionadas por cada diputado. La Asamblea contestó que la documentación “no estaba disponible” y que el “detalle [por diputado] no existe”, pese a que una investigación de este medio reveló lo contrario, y que los diputados contaban hasta con códigos secretos para gestionar estos pagos.

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