Una corte sudafricana dictaminó ayer que el presidente Jacob Zuma usó dinero público para efectuar reformas en su residencia privada y le pidió que lo devuelva, una sentencia aprovechada por la oposición para lanzar un proceso de destitución.
“El presidente debe pagar el monto fijado por el Tesoro Nacional”, dijo el presidente del tribunal, Mogoeng Mogoeng, y estimó que Zuma no había “respetado ni defendido ni seguido la Constitución”.
El llamado escándalo Nkandla -el nombre del pequeño pueblo donde se encuentra la residencia privada del presidente- se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el jefe de Estado y en un símbolo de las acusaciones de corrupción contra su gobierno y su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC).
La más alta instancia judicial del país ordenó a Zuma devolver el dinero que utilizó para construir una piscina, un granero, un anfiteatro y un lugar para acoger visitas, con un coste de 24 millones de dólares (21 millones de dólares).
Zuma enfrenta además la crisis generada por la alicaída situación de la economía y otras acusaciones de corrupción. Oficialmente, el presidente había justificado el gasto para mejorar la seguridad de la vivienda, situada al este del país.
El escándalo en 2014, cuando la mediadora de la República, Thuli Madonsela, encargada de que el dinero del contribuyente se utilice con buenos fines, entregó un informe en el que acusaba a Zuma de haberse “beneficiado indebidamente” de dinero público para las reformas de su casa.