El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una decisión mayoritaria, decidió posponer la reglamentación de los viajes de los magistrados de esa corporación de justicia tanto al exterior como al interior del país.
Durante la sesión, los magistrados José Ayú Prado, presidente de la CSJ, Cecilio Cedalise, Luis Ramón Fábrega, Ángela Russo y Abel Zamorano votaron porque se esperara un informe de la Contraloría relacionado a una auditoría con el análisis de los viajes de todos los magistrados.
En tanto, según una fuente del Órgano Judicial, los magistrados Harry Díaz - proponente de la reglamentación para los viajes- y sus colegas Oydén Ortega y Hernán De León promovían que la citada regulación se discutiera en la próxima sesión del pleno, el próximo jueves.
Ya la semana pasada la Contraloría determinó que no hubo perjuicio económico al Estado, tras una auditoría a los viajes que efectuaron Luis Ramón Fábrega, Hernán De León y José Ayú Prado -durante el período 2014-2015.
Sin embargo, la Contraloría tiene pendiente entregar la auditoría de los viajes realizados por el resto de los magistrados de la CSJ, por lo que el pleno decidió esperar a obtener esta información antes de aprobar la reglamentación.
Sobre este tema, Carlos Lee, en representación de Alianza Ciudadana Pro Justicia, solicitó en enero pasado auditar los viajes de los magistrados, pero este pedido fue negado por el entonces presidente de la comisión legislativa de Credenciales, Jorge Iván Arrocha.
Posteriormente, el 27 de enero pasado, Lee, en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentó una denuncia contra Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León por supuesto despilfarro de fondos públicos en los viajes.
Lee reveló ayer que enviará una nota al diputado Jorge Alberto Rosas, nuevo presidente de Credenciales, para que investigue la denuncia. Estimó conveniente que exista una investigación imparcial, ya que son fondos públicos los que utilizan los magistrados para viajar.
Entre 2014 y 2015, la Corte ha desembolsado casi un millón de dólares en los viajes de funcionarios judiciales y administrativos.