La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una apelación de una demanda de $5 millones contra el Estado panameño, presentada por la firma Morgan&Morgan, en representación de la liquidada Seguros Constitución, que reclamaba supuestos daños y perjuicios por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá tras ordenar su intervención.
En un fallo del pasado 7 de diciembre, y bajo la ponencia del magistrado Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega), la Sala confirmó la decisión que había adoptado este mismo tribunal el 22 de noviembre de 2016, de no admitir la referida demanda.
Seguros Constitución fundamentó su acción legal basándose en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial, que establece que la Sala Tercera de la Corte conocerá“de las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido un acto administrativo impugnado”.
Sin embargo, en este caso los magistrados explicaron que la demanda ha sido presentada contra una resolución de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá que se encuentra en firme, es decir, que no ha sido declarada nula, por lo que rechazaron la acción legal.
Los magistrados expresaron que en reiterados fallos, la Sala Tercera ha señalado que el demandante que fundamente sus reclamos en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial deberá acreditar en el expediente la revocación o anulación del acto administrativo que origina la demanda de indemnización.
El fallo de la Sala Tercera coincidió con la opinión vertida por el procurador de la Administración Rigoberto González, quien indicó, al ser consultado sobre esta demanda, que la resolución de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá no es nula, por lo que no se cumplían los requisitos para una demanda de indemnización contra el Estado.
En agosto de 2015, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá tomó el control administrativo y operativo de la empresa Seguros Constitución y el 29 de octubre de ese mismo año ordenó su liquidación, a través de la resolución No JD-043, a raíz de presuntas irregularidades en el manejo de sus actividades en el mercado.
Entre las irregularidades encontradas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá se identificaron cuentas por cobrar a accionistas y familiares, déficit en la cuenta de siniestros incurridos y no reportados, deudas a proveedores en el ramo de automóviles, déficit de patrimonio, además de que la aseguradora realizaba pagos por reaseguros facultativos a nombre de una empresa que no tenía licencia expedida por el regulador del mercado de seguros.
Para la liquidación forzosa de esa entidad la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá determinó que Seguros Constitución no había cumplido con su obligación legal de incrementar el capital pagado.