El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó un amparo de garantías constitucionales presentado por el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini.
El recurso, presentado por la defensa de Francolini, buscaba revocar la opinión emitida el 18 de octubre de 2016 por el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien señalaba que el gerente general de la CA, Mario Rojas, sí podía constituirse en querellante en la investigación que adelantó la Fiscalía Primera Anticorrupción relacionada con la presunta comisión de un peculado agravado en perjuicio del banco estatal, tras el otorgamiento de una línea de crédito de $9 millones a favor de HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador.
El fallo del 22 de marzo de 2017, bajo la ponencia del magistrado Secundino Mendieta, sustenta que el funcionario demandado (Rigoberto González) al emitir la nota del 18 de octubre de 2016, se limita a ofrecer al gerente general de la CA “unas consideraciones de relevancia” con fundamento en el artículo 220 de la Constitución Política y la Ley 38 de 2000, que hacen referencia a las atribuciones de la Procuraduría de la Administración de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, y a la vez custodiar que estos desempeñen cumplidamente sus deberes.
Francolini está detenido en El Renacer desde octubre de 2016, por la referida investigación.