El magistrado Hernán De León, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), será el ponente de la denuncia que interpuso el contralor general de la República, Federico Humbert, contra el diputado de Cambio Democrático Aris De Icaza, por supuestos malos manejos de fondos de las planillas y donaciones de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la investigación, el diputado habría cambiado cheques en efectivo de una planilla y el dinero fue depositado en una cuenta personal.
Por mandato constitucional, corresponde a la CSJ investigar las denuncias que se interpongan contra los diputados de la Asamblea o del Parlamento Centroamericano.
Luego de analizar la denuncia, De León deberá formular un proyecto de fallo ante el pleno de la CSJ, el cual, finalmente decidirá si admite o rechaza la acción contra De Icaza.
En el reparto efectuado por la Secretaría General, otros seis magistrados fueron designados ponentes de las nueve demandas de inconstitucionalidad presentadas por el contralor contra los decretos que expidió la Asamblea para nombrar personal de confianza para los diputados.
De las nueve demandas, seis fueron presentadas contra igual cantidad de decretos que sustentan el nombramiento de promotores deportivos, y las otras tres demandas fueron contra tres decretos que respaldan el nombramiento de promotores comunales.
Todas las acciones fueron presentadas por el exmagistrado Edgardo Molino Mola en representación del contralor.
A los magistrados Oydén Ortega, Abel Zamorano y Jerónimo Mejía les correspondieron dos demandas a cada uno, y a De León, Harry Díaz y Luis Fábrega, una cada uno.
Dentro de las acciones interpuestas por Humbert el pasado viernes, está también una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación, en la que se señala a una funcionaria del Banco Nacional de Panamá, que presuntamente cambió cheques de la Asamblea vinculados al dinero de las planillas.
El modus operandi consistía en que cada tres meses cambiaban 20 cheques en una sucursal diferente. Usualmente, acudían donde la misma cajera, que rotaba en tres sucursales distintas, explicó Carlos Muñoz Pope, asesor de la Contraloría y quien firmó la denuncia ante la Procuraduría, en representación del contralor.
Muñoz Pope advirtió de que en esta supuesta apropiación de fondos públicos se estaría ante el delito de blanqueo de capitales.