Una sentencia del máximo tribunal de Venezuela calificó ayer como nulo el proceso en el Parlamento, de mayoría opositora, para remover magistrados que fueron nombrados en diciembre, pocos días después que el partido gobernante perdió las elecciones legislativas.
Apenas tomó el control político de la Asamblea Nacional, la oposición nombró una comisión para evaluar la forma en la que se designaron 13 magistrados, tras la derrota electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, emitió ayer una sentencia que limita las funciones contraloras del legislativo, decisión que se registró unas horas antes de que la Asamblea Nacional comenzara a discutir un informe que declara viciada la elección de 13 de sus magistrados y plantea la reapertura del proceso de selección.
La Sala Constitucional del máximo tribunal dictaminó que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, “no está legitimada” para revisar, anular o revocar los procesos anteriores de selección y designación de magistrados, y estableció que actuar en ese sentido “sería evidentemente inconstitucional”.
Asimismo, la Corte estableció que el congreso puede ejercer el control parlamentario sobre el Ejecutivo, pero “no sobre el resto de los poderes públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral)”.
La sentencia fue difundida a pocas horas de que la Asamblea Nacional sometiera a discusión el informe de una comisión especial que concluyó que se cometieron violaciones a las leyes en el proceso que siguió el anterior congreso, días antes de la culminación de su período, para nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal.
El oficialismo rechazó de antemano las acciones de la oposición alegando que el legislativo no tiene potestad legal para investigar o destituir a los magistrados, lo que hace prever que habrá un nuevo enfrentamiento entre los bandos que podría llegar al Tribunal Supremo, señalado de estar controlado por el gobierno.
“No hay ninguna duda de que el acto administrativo hecho para elegir el 23 de diciembre a los 13 magistrados y 21 suplentes está viciado”, dijo el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial que investigó el proceso. Afirmó que se incumplieron los lapsos legales para los nombramientos y se vulneró la normativa que prohíbe a los jueces tener filiaciones políticas.
Berrizbeitia indicó que la comisión especial obtuvo pruebas que demuestran que algunos de los magistrados que salieron de sus cargos en 2015 fueron “extorsionados para que adelantaran sus jubilaciones” y permitir así a la anterior Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, nombrar nuevos jueces.
La exmagistrada Carmen Porras fue una de las funcionarias que objetó su jubilación adelantada, según señaló una misiva que difundió ayer el diario local El Nacional. Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre el caso.
Ante las irregularidades, el presidente de la comisión especial planteó que el legislativo puede revocar el acto administrativo de selección de los magistrados y abrir un nuevo proceso, pero sostuvo que la decisión final sobre ese tema la deberá tomar el congreso.
El líder opositor Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, fue citado por el máximo tribunal a raíz de esta decisión. Ramos dijo ayer que evaluaría con cuidado el escrito del TSJ, antes de dar una respuesta.
El diputado agregó que a pesar del fallo, el pleno del Parlamento escuchará las conclusiones de la comisión especial designada para estudiar los nombramientos.
La Corte también ordenó en el fallo anular las sanciones previstas por ley para funcionarios que sean convocados a comparecer ante la Asamblea Nacional por alguna investigación, y que no asistan. Varios ministros no han comparecido en el Parlamento en las últimas semanas.
En los casi dos meses de actividades del nuevo legislativo, la mayoría opositora se enfrentó al Tribunal Supremo de Justicia en una batalla entre ambos poderes del Estado que sigue a día de hoy.