El 14 de abril de 2016, encargados de la auditoría seguida por la Contraloría a la exministra de Trabajo Alma Cortés, hicieron una diligencia para entregar personalmente a la exfuncionaria una nota de comunicación para que formulara las aclaraciones o aportara pruebas que ella considerara necesarias sobre el resultado de la auditoría.
La diligencia se hizo en las oficinas de la firma Cortés, Cortés, Molino & Asociados, ubicadas en el Edificio Vallarino. Indican los auditores en su informe, que fueron recibidos por la propia Cortés, quien estaba acompañada de Crecencio Arosemena, a quien identificó como contralor del bufete. Se procedió, comentaron los auditores, a entregarle a Cortés la nota para que la firmara y sustentara el posible enriquecimiento injustificado en $2 millones 587 mil 929.28.
“Al leer el contenido, la señora Cortés subrayó a lápiz la cuantía indicada en la nota [$2 millones 587 mil 929.28] al igual que la frase sobrepasan los declarados o los que probablemente superan sus posibilidades económicas; manifestando que se acababa de enterar que era millonaria y seguidamente nos preguntó si sabíamos que ella tenía más de dos millones en tierras antes de ser ministra, ya que ella se dedica a la ganadería y a la reforestación”.
Manifestó a los auditores que se trataba de una persecución política y que en este caso pasaría lo que le ocurrió al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al exviceministro Alejandro Garuz, “quienes están presos y todo está ya aclarado”. Señala el informe que, seguidamente la exministra preguntó quiénes eran los funcionarios de la Contraloría que firmarían la auditoría, por lo que la funcionaria Miriam Vásquez se identificó. “Cortés se dirigió a ella preguntándole tres veces, de manera amenazante, si estaba segura de lo que iba a firmar pues [aseguró que] ella va a proceder legalmente en su contra”.