Fernando Carrillo, de Cambio Democrático; Ana Matilde Gómez, independiente; y Elías Castillo, del Partido Revolucionario Democrático, tomaron posesión anoche como presidente, vicepresidenta y secretario de la recién nombrada Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, respectivamente.
El acto de instalación se llevó a efecto pasadas las 7:00 p.m. en el Salón Azul del Palacio Justo Arosemena.
La comisión fue puesta en funcionamiento, pese a la advertencia de la bancada del Partido Panameñista de que esos nombramientos son ilegales y violan una disposición del magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Abel Zamorano, quien a finales del pasado mes de febrero ordenó suspender la reconfiguración de la instancia.
No asistieron al acto los panameñistas Jorge Rosas y Luis Eduardo Quirós, quienes, en cambio, ayer acudieron a la Corte Suprema e interpusieron un recurso de amparo de garantías constitucionales.
PRONOSTICAN LARGA BATALLA LEGAL
La guerra política que se libra en la Asamblea Nacional, entre la bancada oficialista y las de oposición, está lejos de su final.
Los diputados del Partido Panameñista recurrieron una vez más a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y auguran una larga disputa legal.
Esta vez el partido de gobierno presentó un amparo de garantías que ataca la votación impulsada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que recibió el apoyo de Cambio Democrático (CD) y que permitió nombrar una nueva Comisión de Credenciales la noche del lunes 12 de marzo.
En conferencia de prensa, los diputados panameñistas advirtieron que no reconocerán la nueva comisión “por ser ilegal” y de paso adelantaron que harán uso de todos los recursos legales que sean necesarios para revertir esta decisión.
Lo dijo el diputado Luis Eduardo Quirós, quien fungía como presidente de la Comisión de Credenciales que se nombró en julio de 2017. “Desconocemos todo lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, y como demócratas vamos a seguir adelante a través de una serie de acciones legales que incluyen la presentación en el día de hoy [ayer martes] de un amparo de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, y no descartamos otras acciones como una denuncia de desacato, y además una querella penal por abuso de autoridad. Así que la pelea legal sigue desde nuestra bancada y nos mantendremos activos en función de la legalidad”, aseguró.
Añadió que la querella penal será interpuesta contra la persona que representa a la Asamblea Nacional.
Acto administrativo
Después de Quirós, intervino su copartidario Jorge Alberto Rosas, quien explicó que la votación para escoger a los nuevos miembros de la Comisión de Credenciales fue un acto administrativo, y con base en esto citó la Ley 38 de 2000 que en uno de sus artículos dice que solo se podía impugnar a los miembros de ese organismo cinco días después del acto. Es decir, en julio de 2017, mes en que se escogió a los nuevos integrantes de la comisión.
También dijo que la decisión del PRD y de CD vulneró el derecho de los dos diputados que fueron sacados de la Comisión (Adolfo Beby Valderrama, del panameñismo y José Muñoz Molina, de CD) porque el reglamento interno del Legislativo dice que la elección de los comisionados será por un año.
Por último, manifestó que al identificar las urnas por partido se violó el principio constitucional que dice que el voto es secreto.
Los nuevos se instalan
La Comisión de Credenciales finalmente quedó compuesta por los diputados Fernando Carrillo, Sergio Gálvez y Juan Poveda, de CD; por Alfredo Pérez, Rubén De León y Elías Castillo, del PRD. Además, por Rosas y Quirós, del panameñismo; y por Ana Matilde Gómez, diputada independiente.
Los nuevos comisionados se instalaron al final de la tarde de ayer. Carrillo fungirá como presidente, Gómez como vicepresidenta y Castillo como secretario.
Al tomar posesión del cargo, Carrillo dijo que se pondría al día con los temas que tiene pendiente ese organismo, como la ratificación de directivos de miembros de juntas directivas de entidades del Estado.
Es la Comisión de Credenciales la que tiene la potestad de juzgar al presidente de la República y de avalar, en primera instancia, a los nominados para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Otras voces
Juristas como el exmagistrado de la CSJ Edgardo Molina Mola, advierten que en este tema los tres órganos del Estado han fallado. El Ejecutivo por no cumplir con su función de enviar a tiempo las designaciones de los candidatos a magistrados de la Corte; el Legislativo, porque nunca debió darle trámite a la advertencia de ilegalidad contra la resolución que permitió alterar el orden del día del pleno, para iniciar el debate mediante el cual se buscaba reconformar la Comisión de Credenciales.
En el caso del Judicial, Molino Mola se refiere al pronunciamiento del magistrado Abel Zamorano, de la Sala Tercera de la Corte, que ordenó al pleno suspender la escogencia de los nuevos miembros de la comisión.
Por último, el jurista atribuye al Legislativo la responsabilidad de haber reconfigurado la comisión obviando el reglamento interno de la Asamblea que dice que las comisiones son nombradas por un año.
¿La Asamblea, un juez?
También opinó sobre el asunto Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, quien cuestionó el hecho de que el pleno legislativo aprobó reconformar la Comisión de Credenciales desconociendo el pronunciamiento de Zamorano.
“Es facultad de la propia administración de justicia suspender un acto que pueda generar perjuicios graves y la Asamblea Nacional, a pesar de haber recibido esa orden, hizo la reconformación”, manifestó.
Para Márquez Amado, está claro que el Legislativo no puede ignorar, “como lo ha hecho”, el pronunciamiento de la Sala Tercera, incluso si esa orden está equivocada. “Acá lo que no puede ser es que la Asamblea se convierta en juez, siendo parte del proceso”, apuntó.
Mientras, para la abogada Cristina Torres Ubillús, la votación que dio paso a la elección de los nuevos comisionados “es jurídicamente legal”.
Según la jurista, el pronunciamiento de Zamorano no tiene lugar, ya que el acto que desmanteló la comisión ya se había ejecutado. “Esto es un acto meramente político e interno de la propia Asamblea Nacional”, indicó.
Por su parte, el diputado perredista Pedro Miguel González manifestó que los puestos que les fueron asignados a los panameñistas dentro de la Comisión les corresponden, así lo quieran o no. “De hecho, el artículo 40 los obliga. Si la bancada oficialista decidiera reemplazar esos nombres, lo tiene que someter al pleno”, dijo. Añadió que la comisión puede funcionar con siete de los nueve miembros.
