COLOMBIA

Crisis en recta final de proceso de paz

La participación de los negociadores de las FARC en un mitin político con guerrilleros armados desató una acalorada controversia en el país vecino.

Crisis en recta final de proceso de paz
El jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez (al medio, con camisa blanca y lentes oscuros) durante la reunión en la comunidad de El Conejo, en La Guajira, a la que también asistiero

Un mitin de los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con guerrilleros armados en La Guajira desató una crisis en el proceso de paz para Colombia, en su recta final tras el compromiso de sellar antes del 23 de marzo un acuerdo final.

El presidente Juan Manuel Santos lanzó ayer un ultimátum a la guerrilla para sellar la paz en las próximas cinco semanas. “Ya hemos discutido lo suficiente”, dijo Santos desde Manaure, en La Guajira, a 160 kilómetros del pueblo El Conejo, donde en la víspera el jefe negociador de las FARC en las pláticas de paz en Cuba, Iván Márquez, encabezó un acto político.

La aparición en público de Márquez, junto a otros dirigentes de las FARC y rebeldes armados llevó a Santos a ordenar la suspensión de las visitas a Colombia de los delegados guerrilleros en Cuba y a organizar el regreso inmediato a la isla de los negociadores que estén en territorio colombiano.

Mientras, desde La Habana la guerrilla invitó ayer al Gobierno a “sortear de manera concertada” la “injustificada polémica”. “El momento actual (...) exige de los principales protagonistas del proceso la firme decisión de sortear de manera concertada cualquier obstáculo”.

Pero el gobernante fue enfático ayer: “No solamente violaron las reglas y los protocolos, sino que es un duro golpe a la confianza depositada en la negociación y a la confianza de los colombianos en el proceso (...) bajo ningún motivo o circunstancia se permitirán manifestaciones políticas con armas”.

El Gobierno autorizó en 2015 que negociadores de las FARC viajaran a Colombia para explicar en los campamentos los pactos logrados.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lanzó ayer un ultimátum a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cumplir con el compromiso asumido de sellar el 23 de marzo a más tardar un acuerdo definitivo de paz que ponga fin a medio siglo de conflicto armado.

“Ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones. La fecha del 23 de marzo acordada por el presidente de la República y el comandante de las FARC está a menos de cinco semanas”, dijo el mandatario desde Manaure, La Guajira, un día después de la crisis desatada por la participación de jefes guerrilleros acompañados de rebeldes armados en un acto político con la población civil.

En su primera declaración tras el mitin liderado la víspera por el jefe de las FARC en las pláticas de paz en Cuba, Iván Márquez, en el pueblo El Conejo, a unos 160 kilómetros al suroeste de Manaure, Santos aseguró que “bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia” permitirá manifestaciones políticas con armas. “No solamente violaron las reglas y los protocolos, sino que es un duro golpe a la confianza depositada en la negociación y a la confianza de los colombianos en el proceso”, enfatizó.

El mandatario ordenó el jueves suspender las visitas a Colombia de los delegados de las FARC en Cuba para informar en los campamentos guerrilleros sobre los avances en La Habana, y mandó organizar el regreso inmediato de los negociadores que estén en territorio colombiano.

“Flaco favor le hacen las FARC a la búsqueda de la paz en este momento tan importante. Son los primeros que deberían dar muestras de sensatez y prudencia”, dijo. Y, visiblemente molesto con lo sucedido, puntualizó: “ya hemos discutido lo suficiente. El pueblo colombiano quiere y exige definiciones ya para recuperar su confianza en el proceso”.

El cumplimiento de la fecha, sin embargo, parece cada vez más distante.

Desde las FARC, el negociador Joaquín Gómez reconoció que será difícil cerrar el acuerdo en marzo. “Hay factores objetivos que seguramente van a impedir que eso se dé”, dijo. El Gobierno también ha dicho que las partes podrían tener que tomarse unos días más allá del 23 para poner la rúbrica, aunque el propio Santos, como reiteró ayer, confía en cumplir con el calendario”.

LO QUE FALTA

El presidente destacó cuatro “líneas rojas” sobre los puntos pendientes, que “deben ser resueltos antes de la fecha acordada”.

“De no ser así, los colombianos entenderemos que las FARC no estaban preparadas para la paz”, subrayó.

El primero de los puntos “no negociables”, según el mandatario, es el mecanismo de refrendación de los acuerdos, que enfrenta al Gobierno, a favor de un plebiscito, con el grupo armado, que aboga por una asamblea constituyente (ver nota relacionada).

Santos urgió además a sellar un cese al fuego definitivo, a definir “un número razonable y práctico” de las zonas de concentración para la dejación de armas por parte de las FARC y a acordar un sistema de elección de los magistrados del Tribunal Especial de paz que juzgará los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Pero desde hace meses las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla en La Habana están atoradas en el mecanismo para implementar el cese al fuego bilateral y en dónde ubicar a cerca de 7 mil 500 miembros de las redes de apoyo y 7 mil combatientes rebeldes antes de que se reintegren a la sociedad.

Las FARC pidieron cerca de 70 zonas cercanas a comunidades para ubicar a sus integrantes, pero el Gobierno respondió con un rotundo “no” y ofreció unas 10 áreas lejanas a las fronteras, ciudades, zonas productoras de recursos mineros y energéticos, y de carreteras, según una fuente del Gobierno que pidió el anonimato.

LOS PUNTOSQUE FALTAN

AVAL.

En lo que toca al refrendo de los acuerdos, el Gobierno se decanta por un plebiscito, mientras que la guerrilla propone una asamblea constituyente.

ALTO AL FUEGO.

Debe ser bilateral. Las FARC tienen unos 7 mil 500 hombres de apoyo y 7 mil combatientes.

TERREPAZ.

Son los territorios para que los guerrilleros dejen las armas. Las FARC piden al menos 70. El Gobierno ha aceptado un máximo de 10.

ESCOGENCIA.

No se ha definido el mecanismo para seleccionar a los magistrados que integrarán el Tribunal Especial de Paz, encargado de juzgar a los responsables de los crímenes.


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