La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, a quien un fiscal pidió investigar por presunto lavado de dinero, declarará el miércoles en otra causa por defraudación, en un forzado regreso a Buenos Aires desde que dejó el gobierno en diciembre.
El sábado un fiscal pidió investigarla tras escuchar a testigos en una causa por la que fue arrestado el empresario Lázaro Báez, acusado de desviar fondos millonarios a cuentas en Suiza durante los 12 años del gobierno kirchnerista.
La expresidenta, que estaba recluida en la Patagonia (sur) desde que dejó el gobierno en diciembre, debe responder el miércoles en otro expediente por supuesta defraudación en operaciones cambiarias de dólar a futuro que hizo el Banco Central en los últimos meses de su mandato (2007-2015).
Fernández arribará al aeropuerto de la capital argentina esta noche, procedente de El Calafate (2 mil 800 km al sur), según se anunció en redes sociales, donde se convoca a recibirla.
“Si la citan a ella, nos citan a todos”, es la frase con la que sus seguidores se autoconvocan para el miércoles en tribunales por las redes.
El dirigente kirchnerista Luis D'Elía aseguró que el juez Claudio Bonadío, un magistrado al que Fernández cuestionó, puede arrestar a la expresidenta.
“Todos a las calles, Cristina es Perón”, escribió D'Elía en Twitter, al recordar que el tres veces presidente Juan Perón (1946/52, 1952/55 y 1973/74) y fundador del movimiento del que breva el kirchnerismo, fue arrestado en octubre de 1945 y liberado el 17 de ese mes por presión de una histórica movilización popular.
La comparecencia de Fernández se da tras una semana agitada para el actual gobierno en el que el presidente de centroderecha Mauricio Macri intentó justificar la omisión en su declaración jurada de dos empresas offshore.
El juez Bonadío también citó al exministro de Economía Axel Kicillof por las operaciones del Banco Central con contratos de dólar a futuro realizadas en los últimos meses de gobierno de Fernández en medio de la campaña electoral presidencial. Kicillof declarará mañana martes, pero puede hacerlo por escrito en su condición de diputado.
De comprobarse un delito, les puede caber una pena de hasta seis años.
Uno de los impulsores de la denuncia es el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que acusó a Fernández, Kicillof y al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli de “regalar” reservas.
“Hay un estúpido que lo regala (al dólar) y otro que lo compra a lo que vale. El estúpido es el Banco Central”, había dicho Prat-Gay en el auge de las operaciones.
El exjefe de Gabinete de Fernández Juan Abal Medina calificó de “disparate” la investigación judicial y anticipó que “la movilización del 13 de abril será grande”.
“Si la sociedad quiere acompañar a sus dirigentes, debe hacerlo en todos los momentos”, dijo el diputado Máximo Kirchner, el hijo mayor de la exmandataria.
“No es que los jueces responden a órdenes del poder, pero hay jueces que toman decisiones políticas, indicador de falta de independencia”, valoró el politólogo Gabriel Puricelli.