La expresidenta Cristina Fernández involucró a funcionarios del actual gobierno de Mauricio Macri como parte de la operatoria con dólar futuro del Banco Central que le causó millonarias pérdidas al Estado y por la cual ella está imputada.
En un escrito presentado al juez federal Claudio Bonadío el martes, quien lleva adelante la investigación por el delito de fraude al Estado, y publicado a través de redes sociales, Fernández denunció a José María Torello, jefe de asesores del actual presidente; Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas, y Eduardo Quintana, secretario de Coordinación Interministerial como “supuestos beneficiarios ilícitos de la compra de dólar a futuro”.
En el mismo documento, Fernández manifestó tener la sospecha de que el juez Bonadío dictará su procesamiento en forma inminente y que por ello “resulta apropiado que quede una prueba concreta más de la manera ilegal sobre cómo se desarrolla este proceso”.
El magistrado considera a la expresidenta partícipe de una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Se gún el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77 mil millones de pesos (unos 5 mil 273 millones de dólares al cambio actual).
Fernández sostiene que es víctima de una persecución judicial que busca enviarla a prisión y silenciarla justo en momentos en que, según ella, el gobierno de Macri lleva adelante un feroz ajuste que ha llevado a la pérdida de las “conquistas sociales” logradas durante su gestión.
En su indagatoria, la exgobernante no aceptó preguntas del juez y presentó un descargo por escrito, que amplió el martes con extractos de una investigación periodística. Según el reporte, los funcionarios arriba mencionados participaron de esta operatoria a través de agentes de liquidación por montos que van de $800 mil a $1.4 millones.