No cumplir el fallo del Juzgado Tercero Civil que revocó parcialmente el permiso de construcción del proyecto Sea Point en Paitilla atentaría contra la seguridad jurídica.
En ello coincidieron la alcaldía capitalina, vecinos de Paitilla y la Red Urbana de Panamá al responder al regulador bancario, que calificó como “ilegal” la suspensión del proyecto y agregó que con esas decisiones se atenta contra la seguridad jurídica.
BANCA CRITICA FALLO DE SEA POINT
La Asociación Bancaria de Panamá expresó su preocupación por el “riesgo de crédito” que se genera a partir del caso Sea Point, en Paitilla, corregimiento de San Francisco, proyecto que está actualmente detenido.
El pasado 11 de agosto, el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil de Panamá ordenó revocar parcialmente el permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá a Shoreline Properties, Inc. y a Constructora Bahía, S.A., para la edificación de esa obra.
Esto, luego de que el abogado Harley Mitchell hijo, en representación de los residentes de Paitilla, presentara un amparo de garantía contra el proyecto por considerar que violaba normas urbanas y usurpaba ribera de mar que pertenece al Estado.
No obstante, el pasado 8 de septiembre, a través de una carta enviada a diferentes autoridades, la Asociación Bancaria de Panamá, en nombre de su junta directiva, presidida por Carlos Troetsch, indicó que la revocación del permiso de la obra pone en “riesgo” la seguridad jurídica y la institucionalidad en el país, dos de las garantías “más importantes” para la inversión de la banca.
La misiva fue entregada a la Autoridad Nacional de Administración Tierras (Anati), la Alcaldía de Panamá, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, y a los ministerios de Ambiente y de la Presidencia.
“Vemos con preocupación que con esta actuación (suspensión de la obra) se pone en riesgo la confianza en el sistema y la inversión futura de la banca en el país, al no contar con la seguridad jurídica para otorgar los financiamientos requeridos, dado el riesgo que implica el desconocimiento de las actuaciones del Estado”, sostiene la carta.
También plantea que el sistema financiero y bancario es el motor de la economía y requiere reglas claras para ofrecer oportunidades de desarrollo al país.
Además, la Asociación Bancaria sostiene que, tal como lo ha verificado por todas las partes interesadas, el proyecto Sea Point cuenta con el aval de Anati, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Autoridad Marítima de Panamá, Ministerio de Ambiente, Municipio de Panamá, Dirección de Obras y Construcciones, entre otras dependencias del Estado.
RECHAZAN COMUNICADO
Varias voces se manifestaron ayer contra la posición de la Asociación Bancaria.
Por ejemplo, el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, indicó que no respetar un fallo judicial sí sería atentar contra la seguridad jurídica del país.
“Nos toca respetar los fallos judiciales, estemos de acuerdo o no”, argumentó.
Por su parte, Darío Vásquez Wolff, residente de la comunidad de Paitilla, subrayó que la misiva de la Asociación Bancaria lo que hace es apoyar la ilegalidad.
“Es muy lamentable que una asociación con este prestigio nacional vaya a decir que este es un fallo o una acción ilegal. No deben escuchar solo la información del promotor de la obra”, puntualizó.
Para Vásquez Wolff, la asociación lo que debe hacer es exigir a los bancos que antes de dar un financiamiento se aseguren que los proyectos cumplan con la ley.
En tanto, Harley Mitchell hijo, abogado de los residentes de Paitilla, mencionó que la asociación debería leer más el fallo sobre Sea Point, el cual mencionó que se usurpó terreno de playa.
“La seguridad jurídica también implica que la población tenga acceso al espacio marino”, explicó el jurista, quien agregó que antes de financiar una obra el banco debe verificar que esta cumpla con las normas.
Sobre este tema, Antonio Docabo, director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, sostuvo que cualquier decisión ahora mismo sobre esta construcción se “sale de sus manos”, ya que se trata de una orden judicial la que suspendió la operación de la obra.
Mientras, María Chávez, presidente de la Red Urbana de Panamá, manifestó que los residentes y compradores también deben tener derecho a la seguridad jurídica.
“Los bancos no solo financian a los promotores sino también a los futuros compradores, quienes deben recibir una obra que cumpla con las normas y en óptimas condiciones”, aportó.
EMPRESA RESPONDE
Al respecto, Jorge Molina, abogado de la promotora que desarrolla la construcción, coincidió con la Asociación Bancaria en que el fallo judicial “atenta” contra la seguridad jurídica.
“La principal violación es que reconoce un derecho de reivindicación de la ribera de mar a una persona (Harley Mitchell) cuando esa ribera de mar es de dominio público y solo puede ser reclamada por la República de Panamá”, argumentó.
Molina agregó que a eso hay que sumarle que Sea Point tiene autorización de dos gobiernos, lo cual certifica que no hay afectación de ribera de mar y de playa.
El proyecto Sea Point consta de tres torres de 30 pisos cada uno y una inversión actual aproximada de 30 millones de dólares. Además, presenta un avance de obra de un 45%.