En Panamá solo el 18% de los propietarios de inmuebles pagan al fisco.
La advertencia directa que hizo Luis Cucalón, administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, al mismo Presidente, no despertó la curiosidad de Ricardo Martinelli por su propia hacienda.
“Lo vengo diciendo desde hace tiempo y se lo dije al Presidente en su cara. Solo el 18% de las fincas en Panamá paga impuesto, y las que pagan, aportan muy poco”, recalcó Cucalón.
El pasado martes, Martinelli reconoció que por su complejo residencial en Altos del Golf pagaba una reducida cantidad en concepto de impuesto de inmueble.
En este exclusivo sector de la capital, la familia Martinelli Linares tiene una mansión y una “casa club” construidas sobre tres fincas.
La residencia tiene un valor registrado de 187 mil 550 dólares y se ubica en un terreno de 1,002 metros cuadrados.
Con ese avalúo estarían pagando 3 mil 200 dólares en impuesto de inmueble, sin calcular exoneraciones fiscales.
La otra propiedad es una “casa club” que se levantó sobre dos fincas que tienen un valor registrado de apenas 102 mil 480 dólares, sin que aparezcan inscritas mejoras como las canchas deportivas, piscinas y terrazas.
Por este centro de ocio, el desembolso al fisco sería de mil 414 dólares al año. En total, por todo el complejo residencial se pagarían 4 mil 614 dólares en impuestos.
La cifra es insignificante si se toma en cuenta que el valor de mercado de ambas propiedades rondaría los 4 millones de dólares, según fuentes del sector de bienes raíces consultadas por este diario.
Sobre esta situación fiscal, Cucalón aseguró que no procede una investigación.
“A mí la ley no me da esa facultad, y si es así entonces también voy a investigar a todos los que no declararon el valor catastral de sus propiedades... y que nadie me diga ni mier... ”. (sic).
El artículo 797 del Código Fiscal señala que incurre en defraudación fiscal aquel contribuyente “que simule actos jurídicos que impliquen reducción del valor catastral u omisión parcial o total del pago del impuesto para sí o para otro”.
La sanción incluye una multa de hasta 10 veces la suma de prisión, “o prisión de dos a cinco años”.
Cucalón fue uno de los funcionarios que propuso la actualización catastral como una medida para aumentar la recaudación fiscal que requiere un país en crecimiento.
“Los primeros avalúos se hicieron en 2010. Yo no sé cuál es la alharaca. Tres años después es que se dan cuenta de la ley o es que todos son unos sinvergüenzas. Quieren carreteras buenas, y quieren y quieren. No entiendo cuál es la línea. ¿Que todos paguen lo que tengan que pagar, o que unos vivan a costilla de otros?”, se preguntó Cucalón.
El proceso de revalorización se inició en las zonas de alto poder adquisitivo en las que no se había hecho una actualización desde hace más de 30 años.
Así se iniciaron los censos en Paitilla, Punta Pacífica, Costa del Este, El Carmen y vía España. La revalorización afectó 14 mil propiedades, pero en el plan del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF) no estaba incluido el sector de Altos del Golf.
Algunas propiedades, según las empresas de avalúos que contrató el MEF, se incrementaron en un 500%.
El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Fernando Aramburú Porras, reiteró que los gremios no se oponen a pagar impuestos, pero recomendó seguir un procedimiento “justo y equitativo” y no un valor comercial hecho en el momento que los bienes han subido extraordinariamente por el auge económico que es temporal y pasajero.
“Tampoco nos parece que se hagan en ciertas áreas preseleccionadas, ya que consideramos que eso es discriminatorio”, dijo.
Martinelli solicitó a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras una actualización catastral de sus propiedades.
El Código Fiscal es claro en cuanto al procedimiento a seguir, cuando se trata de avalúos “voluntarios”.
El artículo 766A del referido código –que fue modificado mediante la Ley 49 de 2009, sancionada por Ricardo Martinelli– dicta que, en estos casos, el contribuyente presenta una declaración jurada del valor estimado del bien, “debidamente refrendada por una empresa evaluadora de bienes raíces”.
La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales –que es parte de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)– sí tiene facultad para “aceptar o no” la cifra propuesta por el contribuyente.
El monto declarado debe representar un aumento respecto al valor catastral anterior.
Además, el valor no podrá ser variado por la Dirección en los cinco años siguientes, salvo en casos de demolición, desastre natural o “fuerza mayor”.
El pasado martes, Martinelli concurrió personalmente a la Anati para pedir una revisión del valor de su mansión, luego que una investigación de este diario revelara que los mismos no habían sufrido cambios en 25 años.
“No sabía que mi casa no había sido revaluada”, justificó el mandatario.
No dijo si también actualizará el valor de la casa club de su familia, también en Altos del Golf, cuyo valor declarado ($102 mil) no ha sido actualizado en dos décadas.
Mónica Palm