En una sentencia del pasado 24 de abril, el Segundo Tribunal Superior Penal revocó un fallo del juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, que liberó cuentas bancarias por $35 millones y propiedades de lujo a Cristóbal Salerno, accionista mayoritario de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), única empresa que en el gobierno pasado podía cobrar los impuestos morosos del Estado.
El fallo del Segundo Tribunal reconoce que la aprehensión ordenada por la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, apunta a una facultad discrecional “que debe mantenerse hasta cuando se decida o desate finalmente” la investigación, conforme lo dicta la Ley 57 de 2013, sobre la administración, mantenimiento y custodia de bienes aprehendidos.
La sentencia también advierte que es un “contrasentido” levantar la medida de aprehensión decretada por el Ministerio Público, ya que la Ley 57 de 2013 establece la obligatoriedad de mantenerla hasta el final de la causa.
EL HECHO
La fiscal primera anticorrupción ordenó la aprehensión de 6 vehículos, 31 plazos fijos y 16 cuentas bancarias a nombre de sociedades ligadas a Cristóbal Salerno y sus familiares.
Esto, como parte de la investigación seguida a Salerno y al exdirector General de Ingresos Luis Cucalón, entre otros, por supuestas irregularidades en el contrato otorgado a CISA en agosto de 2010, en el gobierno de Ricardo Martinelli.
El fallo del Segundo Tribunal está firmado por los magistrados José A. Hoo Justiniani y Adolfo Mejía.
La desaprensión de los bienes había sido solicitada por José Antonio De Gracia Cadavid y Ángela Maritza Claxton de Salerno.
La fiscal Tania Sterling y Diógenes de la Rosa, abogado que representa al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentaron una apelación al fallo del juez Quesada Vallespi, que liberó los bienes acogiendo una solicitud presentada por De Gracia Cadavid y Claxton de Salerno.
Aunque De Gracia figura como representante legal de varias sociedades que recibieron fondos de CISA, según la fiscal, se ha acreditado que “el verdadero propietario de dichas sociedades es el imputado Cristóbal Salerno”. La aprehensión de los vehículos fue ordenada, a fin de evitar la venta o traspaso de estos.
El fallo recuerda que una auditoría que efectuó la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, determinó que el contrato de CISA habría causado un perjuicio económico al Estado de $29.5 millones, “de los cuales el señor Salerno devolvió la suma de $20.6 millones mediante transferencia al Tesoro Nacional, por lo que la afectación económica es de $8.8 millones”, de acuerdo con el documento de auditoría que fue remitido al Ministerio Público.