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Cuestionan reactivación de planillas de la Asamblea Nacional

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El procurador de la Administración Rigoberto González instó este fin de semana a que las autoridades rindan cuentas sobre el resultado final de las investigaciones de las planillas del personal de los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

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Se reactivan las planillas personales de los diputadosContraloría establece nuevos controles en la Asamblea para el pago de planillas

El tema adquiere especial relevancia, porque la planilla 002 -antes llamada 080- fue suspendida por la Contraloría General de la República el 27 de diciembre pasado. Sin embargo, una semana después, el 3 de enero de este año, buena parte del personal adscrito a dicha planilla reapareció en la lista de colaboradores que trabajan en la AN.

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“El tema siempre implica rendición de cuentas: que la ciudadanía sepa, al final, en qué quedaron esas investigaciones, ya sea en un sentido u otro. Porque algo hay que decir, y si no se dice de manera clara, queda la suspicacia donde siempre está la parte política”, dijo González a los periodistas, el pasado viernes.

También el abogado Ernesto Cedeño señaló que deja mucho que desear que la Contraloría no haya informado al país sobre si ha hecho ya auditorías de pago y fiscalización concomitantes de todas las personas que aparecen en las planillas del Legislativo.

Cuestionan reactivación de planillas de la Asamblea Nacional
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“Es importante para la tranquilidad de la ciudadanía que la Contraloría hable, rinda cuentas y asevere si todas esas personas verdaderamente trabajan en el edificio legislativo y cumplen un propósito en beneficio de la Asamblea y que no sean activistas de una persona que busca la reelección”, expresó Cedeño.

Freddy Pittí, coordinador del movimiento Juntos Decidimos, indica que le parece sospechoso que la reactivación de los pagos al personal se dé al mismo tiempo que se revivió el proceso de ratificación de los dos magistrados designados por el Ejecutivo: Olmedo Arrocha y Abel Zamorano.

El jueves pasado, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó recomendar al pleno la ratificación de Arrocha y Zamorano. La decisión fue apoyada por siete diputados de todas las bancadas.

Horacio Icaza, miembro del Movimiento Independiente (Movin), considera que el tema de las planillas es explicable, porque existe un acomodo cómplice entre la AN, el Ejecutivo y la Contraloría.

“Periódicamente estas instituciones se inventan un enfrentamiento que nos da la apariencia de una crisis y entretiene a los ciudadanos”, remarcó Icaza.

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La abogada y conductora radial Mariela Ledezma considera que fue una “farsa” lo que hizo el contralor. “Nos quiso hacer creer que había una verdadera intención de denuncia”, indicó.

Contraloría responde

Fuentes de la Contraloría precisaron que las planillas nunca fueron eliminadas. Lo que ordenó el contralor Federico Humbert, el 26 de diciembre pasado, fue la suspensión de los pagos, “excepto a aquellos pocos casos que fueron verificados y se encontraban prestando servicios”, según consta en la nota que el contralor envió en aquella fecha a la diputada presidenta Yanibel Ábrego.

Aquel 26 de diciembre, agentes de seguridad de la Asamblea no permitieron que un equipo de fiscalizadores de la Contraloría corroborara que el personal asignado a los diputados estuviera prestando servicio.

La suspensión de los pagos, mas no de la planilla, incluso consta en el presupuesto general de la Asamblea correspondiente al presente año, que incluye un renglón para las planillas de los diputados.

Ábrego interpuso un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia contra la acción de la Contraloría de realizar una “revisión concomitante” para asegurar que el personal estuviera en sus puestos de trabajo.

Los cambios

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Los colaboradores personales de los diputados han recorrido un azaroso camino durante el último año. Los pagos de las planillas en las que estaban registrados sus salarios fueron suspendidas dos veces, debido a irregularidades halladas por los fiscalizadores de la Contraloría.

El 5 de junio de 2018, el contralor suspendió, en medio de auditorías, la planilla 080, en la que cada diputado disponía de $30 mil para sus contrataciones.

Humbert enumeró una serie de irregularidades que encontró en la 080: “botellas”; una sola familia que recibió 151 cheques por $146 mil; personal que supuestamente trabajó en Carnaval y Semana Santa o en días del año inexistentes, como 29, 30 y 31 de febrero.

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Este diario pudo comprobar que buena parte del personal había sido recontratado un mes después de la suspensión, aunque no se había hecho ningún anuncio al respecto.

La planilla 080 había mutado a la planilla 002, y la Contraloría se comprometió a publicarla de manera detallada a finales de ese mismo mes. Efectivamente, se hizo la publicación, pero no duró mucho, pues el 27 de diciembre nuevamente fue suspendida, luego de que no se le permitiera a la Contraloría hacer “una revisión concomitante” para asegurar que el personal estuviera laborando.

Una semana después, el 3 de enero de este año, buena parte de los empleados reapareció en la lista de colaboradores de la Asamblea Nacional. De mil 447 personas, al menos 704 habrían regresado a sus labores o a cobrar en la Asamblea.

El listado no indica a qué diputado está asignado cada uno de ellos, información que sí estaba disponible en noviembre pasado, cuando la Contraloría publicó el personal junto al diputado para el que laboraba. Al suspenderse los pagos, los datos desaparecieron.

Otras planillas

El contralor ha presentado entre 10 y 15 informes de auditorías sobre irregularidades de los diputados en el manejo de las planillas de la Asamblea.

Adicional, Humbert ha interpuesto varias denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra varios diputados por supuestas irregularidades en planillas, entre ellas la 172 de la AN.

Hasta ahora, se han presentado denuncias contra los diputados  Aris de Icaza y Marylín Vallarino, de Cambio Democrático; Felipe Vargas, Leandro Ávila y Athenas Athanasiadis, del PRD, y Jorge Alberto Rosas, del Panameñista.

Se intentó contactar al procurador para que ampliara sus declaraciones acerca de las planillas legislativas, pero no atendió los requerimientos de este diario.

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