La Fiscalía Anticorrupción de Descarga culminó la investigación seguida a 14 personas por su presunta vinculación con una red de corrupción que otorgaba libertades a personas con procesos penales e influenciaba a jurados de conciencia para alterar veredictos en casos de homicidio.
La investigación se encuentra a cargo de la fiscal anticorrupción de descarga Heydi Adela Cedeño, quien durante la instrucción sumarial ordenó la indagatoria a funcionarios del Segundo Tribunal Superior, de la Oficina de Descongestión Judicial y de conductores encargados del traslado de los jurados de conciencia.
Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía tomó declaración a varios jurados de conciencia, quienes admitieron haber recibido dinero para favorecer a determinados implicados en casos por delitos contra la vida e integridad personal.
La investigación se inició el 24 de agosto de 2015, tras una denuncia presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.
Como parte del proceso, la fiscalía formuló cargos a dos asistentes de magistrados del Segundo Tribunal, e hizo inspecciones en los juzgados Primero y Decimosexto de lo Penal.
En la investigación, se determinó que funcionarios judiciales que manejaban un expediente seguido a Hilario Chen Quintana, por delitos contra el patrimonio, habrían recibido dinero a cambio de favorecerlo.
En este proceso también se ordenó al separación del juez de juicio de Darién Humberto López Correa, a quien se vinculó con las irregularidades denunciadas por Ayú Prado.
El 13 de noviembre de 2015, el entonces fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, allanó el Segundo Tribunal y detuvo a 13 personas.
A raíz de esta investigación, el Órgano Judicial incrementó los controles para la selección de personal que labora en juzgados y tribunales.