Hoy comienza el juicio, en el pequeño tribunal de Busto Arsizio (Italia) por corrupción internacional, en el que están imputados Giuseppe Orsi, antiguo presidente de Finmeccanica, y Bruno Spagnolini, exadministrador delegado de Agusta Westland, empresa del coloso armamentístico italiano.
Ambos están acusados de haber pagado coimas de hasta 69 millones de dólares a altos funcionarios del Gobierno de India para obtener el contrato de la venta de 12 helicópteros por 759 millones de dólares en 2010.
El juez de las investigaciones preliminares, Bruno Labianca, aceptó el pasado mayo la solicitud de juicio inmediato “por las evidencias que mostraban las pruebas”.
Respecto al proceso de los demás sospechosos implicados en el caso –entre los que figura Ralph Guido Haschke, el intermediario suizo en el pago de coimas– se continuará por la ruta ordinaria.
Haschke intervino en la venta de los helicópteros de Finmeccanica a India, de la misma manera que lo hizo en Panamá Valter Lavítola.
Orsi fue arrestado el pasado 12 de febrero y salió de la cárcel en mayo. La orden de detención y prisión preventiva “es proporcional a la gravedad del hecho”, escribió el juez, que concluyó la acusación a Finmeccanica diciendo que “el pago de coimas era una filosofía empresarial”.
También se ordenó la detención en febrero pasado de Bruno Spagnolini, administrador delegado de Agusta Westland, que vendió a Panamá media docena de helicóteros entregados este año.
India, que abrió una investigación para buscar y “castigar a los corruptos”, se presenta como parte civil en el caso en el rol de acusador. La semana pasada, India canceló el pago de los helicópteros e inició su devolución.
Finmeccanica tiene varios frentes legales abiertos por corrupción internacional. En 2010, al tiempo que se pagaron las coimas en India, el conglomerado hizo negocios con el Gobierno de Panamá.
Ese año se firmaron los acuerdos para comprar radares, helicópteros y un mapa digital por la suma de 250 millones de dólares a Finmeccanica, por los que se habrían desviado hasta 20 millones de dólares al “entorno” del presidente, Ricardo Martinelli.
El caso está en manos del prestigioso fiscal Paolo Ielo, del tribunal de Roma, a la espera del juicio en el que están imputados Valter Lavítola, como presunto intermediario del dinero corrupto, y Paolo Pozzessere, director comercial de la empresa.