Los magistrados del Tribunal de Cuentas concedieron una prórroga de dos meses al fiscal de cuentas, Guido Rodríguez, para la investigación que adelanta relacionada con la posible lesión patrimonial al Estado en el contrato entre el Ministerio de Economía y Finanzas y Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), firmado el 25 de agosto de 2010.
El fiscal inició el proceso a partir del informe de auditoría de la Contraloría que estimó una lesión patrimonial al Estado tras la ejecución del referido contrato en $29.5 millones, sin embargo el accionista de CISA Cristóbal Salerno devolvió $20.6 millones al Tesoro Nacional, por lo que la posible afectación económica al Estado se estima en $8.8 millones.
El Ministerio Público concluyó en febrero pasado la investigación penal de este caso solicitando el llamado a juicio de Salerno, Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, y de Magaly Ramos, gerente de CISA.