La Red Ciudadana Urbana de Panamá ha interpuesto 42 denuncias en diferentes instancias contra proyectos de construcción privados y estatales por violar normas.
De ese total, 30 obras fueron desarrolladas por promotores particulares, mientras que 12 fueron impulsadas por entidades públicas. La mayoría tiene que ver con incumplimiento al estudio de impacto ambiental o al permiso de construcción.
María Chávez, presidenta de la Red, explicó que las quejas llegan al Ministerio de Ambiente, al Municipio de Panamá o en última instancia a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. “Algunas están en proceso de evaluación y otras fueron decididas”, aportó.
La más reciente tiene que ver con el P.H. Scala, en Bella Vista, en la que la Sala Tercera decidió declarar nulo por ilegal el estudio de impacto ambiental aprobado en el año 2011 para la construcción de la obra, aunque el inmueble ya está listo.
Chávez señaló que muchas veces los fallos llegan tarde, como fue este caso. Además, subrayó que no se trata solo de proyectos particulares sino también de obras estatales, como la Ciudad de la Salud, en Ancón, que está muy cerca de un área protegida y de la zona de amortiguamiento del Canal de Panamá.
Raisa Banfield, vicealcaldesa del distrito de Panamá, considera que en la mayoría de las denuncias los vecinos tienen “la razón”, y que los permisos para los proyectos se dieron sin planificación.
La Red ha protestado en la Alcaldía y en ferias inmobiliarias en Atlapa.