El Gobierno guatemalteco dio su visto bueno para que se inicie el trámite de nulidad de un contrato que está vinculado a una investigación de la fiscalía por supuesto pago de sobornos al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, anunciaron ayer las autoridades.
Se trata del contrato entre la Empresa Portuaria de Guatemala y la compañía Terminal de Contenedores Quetzal, con el fin de que se construyera una terminal portuaria en el puerto Quetzal, en el Pacífico, en usufructo por 25 años y valorada en 255 millones de dólares.
Una investigación realizada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala asegura que la estructura habría estado liderada por Pérez Molina y Baldetti, e integrada por funcionarios, empresarios y particulares, y que estos habrían negociado el pago de 30 millones de dólares como soborno por la adjudicación del contrato.
Heiz Heimann, vocero del presidente Jimmy Morales, dijo que se giraron instrucciones a la procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, con el fin de que inicie los trámites para declarar lesivo dicho contrato. Agregó, no obstante, que será un juez competente “quien decidirá si procede o no dicha nulidad”.