La Contraloría General de la República calificó como restringida la información contenida en las auditorías que esa entidad adelanta a las donaciones, subsidios y servicios profesionales desembolsados por la Asamblea Nacional durante el período 2014-2017.
Con ese argumento, la entidad que dirige Federico Humbert rechazó una petición de Fredy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, para tener acceso a estos datos.
En una nota que lleva la firma de Jonathan Vargas, asesor del despacho superior de la Contraloría, se argumenta que esa información no puede ser pública, ya que el artículo 14, numeral 4 de la Ley 6 de 22 de enero de 2012 (de Transparencia) la declara de acceso restringido.
La nota cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 2005 en el que se establece que el contenido de la información que se desprende de las investigaciones de la Contraloría debe ser restringido, ya que de ahí podrían derivarse acciones de carácter patrimonial o penal.
Pittí solicitó los datos el pasado 4 de octubre, luego de que una investigación de La Prensa revelara que de julio de 2014 a diciembre de 2016, el Legislativo gastó 14 millones de dólares en donaciones, la mayoría de las cuales nunca llegó a su beneficiario original. Otros 68 millones de dólares se utilizaron en contratos por servicios profesionales, por labores que en gran parte no se ejecutaron.
