El Decreto Ejecutivo 302, mediante el cual se añade un nuevo esquema de jubilaciones especiales dentro de la Policía Nacional, fue elaborado a la medida de unos cuantos funcionarios actuales, según afirmó el presidente Juan Carlos Varela.
“Ese decreto nace específicamente por el caso del comisionado [Javier] Carrillo. A él se le saca de su carrera de policía, como titular de la Dirección de Investigación Judicial, y se le lleva a Migración. Por exigirle más, no le puedes quitar los beneficios de la ley de 1997”, manifestó el mandatario.
Varela incluso reveló que el decreto favorece a “tres o cuatro personas”. Sin embargo, advirtió que el mismo “no se hizo pensando en personas, sino en normas”.
El 31 de agosto pasado, el presidente firmó este decreto junto con el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, quien es otro de los beneficiados por esta normativa, que consiste en incorporar al plan de jubilación por 25 años de servicios de forma continua o 30 años de forma interrumpida a quienes hayan sido juramentados por la Policía Nacional y nombrados por el Ejecutivo “en los cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo y/o subsecretario ejecutivo, que prestan sus servicios en otras dependencias del Estado”.
Además de Bethancourt y Carrillo, el secretario general del Consejo de Seguridad, Rolando López, también sería favorecido por esta nueva normativa de jubilación.
La iniciativa fue criticada por supuestamente atentar contra él Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, ya que Bethancourt tendría un conflicto de intereses al firmar el decreto. También se interpuso una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente intentar modificar una ley de la República mediante un decreto.
El contralor Federico Humbert señaló que el decreto será evaluado por su institución para verificar si deben proceder con los desembolsos.
“Estamos analizando para ver si lo que se presentó se adscribe dentro de la ley. Si no es así, haremos lo mismo que hicimos con la Universidad de Panamá: lo enviaremos a la Corte y no lo pagaremos hasta que la Corte, que es el ente máximo en este país en materia jurídica, falle y nos diga qué hacer”, adelantó.
Aseguró que la Contraloría anunciará su siguiente paso durante los próximos días.